La Junta plantea un conflicto de competencia al contenido del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, reunido este martes de forma extraordinaria y por videoconferencia, ha formulado un requerimiento al Consejo de Ministros del Gobierno de España previo a un conflicto de competencia contra el contenido del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026- 2030 por "no respetar el orden competencial recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía".

    La Administración autonómica ha escogido esta fórmula para la impugnación "por invasión de competencias al tratarse de una norma sin fuerza de ley", han precisado desde la Junta en la referencia del Consejo de Gobierno.

   En este sentido, el Ejecutivo andaluz ha considerado que son "varios" los aspectos en que el Plan Estatal de Vivienda lesiona la autonomía financiera de Andalucía, como "el diseño del régimen de aportaciones a cargo de las comunidades autónomas, la exhaustiva descripción de las actuaciones y el estricto reparto de cuotas, así como el régimen de protección permanente de las viviendas y el sistema de autorización estatal para la publicidad y la difusión de las actuaciones", según ha especificado la Junta.

   El acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno, que cuenta con dictamen de los servicios jurídicos, solicita, al amparo de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, la derogación o modificación de los artículos del citado Plan Estatal de Vivienda 4.2 g), 153, 6.5 y la disposición adicional Octava y los artículos concordantes (15, 23, 24, 34, 50, 51, 61M, 146 y 147).

   De igual manera, han cuestionado la "exhaustiva descripción" de los 18 programas financieros, cuyo grado de detalle implica una "invasión de la competencia exclusiva de la comunidad autónoma para desarrollar el objeto de las ayudas en función de las necesidades del territorio".

   Así, se ha tratado que el Gobierno de España "se haya apartado del reparto" que hasta ahora caracterizaba a los anteriores planes, "sin negociación previa y sin una motivación que justifique el reparto de 60 por ciento del Estado y un 40 por ciento de las comunidades autónomas".

   De esta forma, el nuevo sistema de cofinanciación "vulneraría el principio de autonomía financiera", puesto que "restringe su capacidad para decidir el destino de sus recursos presupuestarios". En el caso concreto de Andalucía, implica que la comunidad autónoma tenga que aportar 400 millones más que en el plan anterior, más de seis veces más (6,47), mientras que la contribución del Estado "no llegaría a tres veces más de lo aportado".

   Por otra parte, se ha considerado que la regulación "tan minuciosa" de las actuaciones y de las cuotas de financiación reservada a cada línea implica una extralimitación del Estado, puesto que degrada a las comunidades autónomas a meras gestoras de las subvenciones, algo "que no se ajusta al sistema constitucional de distribución de competencias".

   De igual manera, han concretado que el Estado "también se ha extralimitado en el ejercicio de sus competencias al fijar un régimen de protección permanente en determinadas actuaciones". De esta forma, esta decisión "lamina cualquier resquicio para flexibilizar o endurecer dicho régimen", intentando subsanar en el Plan Estatal de Vivienda "lo que no pudo hacer en el artículo 16 de la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda, que fue derogado por el Tribunal Constitucional tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta".

   Por último, se ha cuestionado el artículo 153, que supedita a una autorización o incluso a la presencia del ministro la presentación de actuaciones financiadas con cargo al Plan Estatal de Vivienda. El planteamiento de una suspensión de las transferencias de estos fondos por esta cuestión "refuerza la petición de inconstitucionalidad de la medida, ya que despoja a la Junta de sus competencias exclusivas en materia de vivienda".

DECLARACIONES DE LA CONSEJERA DE VIVIENDA EN FUNCIONES

   En un audio remitido a los medios tras la celebración de esta reunión del Consejo de Gobierno, la consejera en funciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha subrayado que "Andalucía va a defender su autonomía", y ha criticado que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha cambiado las reglas del juego de este plan estatal sin negociación previa con las comunidades autónomas", y también sin dejar "margen" a dichas administraciones para "implementar" sus propias "políticas en materia de vivienda a pesar de cofinanciar este plan".

   "Las comunidades autónomas nos merecemos respeto, y la vivienda necesita hablar más de soluciones y, por supuesto, tener menos imposición, que es lo que hace el Gobierno de España" en esta materia, ha aseverado la consejera.

   Rocío Díaz ha señalado para finalizar que desde el Gobierno andaluz de Juanma Moreno van a "seguir trabajando en materia de vivienda para ofrecer soluciones a los ciudadanos y poniendo mucha más vivienda a disposición, vivienda asequible y vivienda protegida", según ha zanjado.