SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha mostrado este martes su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de Ley presentada por el PP-A para modificar el Consejo Consultivo por considerar que "altera la naturaleza jurídica de este órgano al cambiar la composición y el sistema de designación perjudicando su objetividad e independencia", de forma que "dejaría de tener carácter administrativo para convertirse en instrumento parlamentario de control al Gobierno".
Según subraya la Junta, la propuesta del PP-A plantea, entre otras medidas, la designación parlamentaria de siete de los nueve miembros; la posibilidad real de que ninguno de ellos haya tenido contacto alguno con la gestión administrativa en la Junta; la exclusión de las obligaciones que tendrían como altos cargos de la Junta, dotándoles de un sistema de declaración de intereses propio y aparte; el nombramiento del presidente por el Parlamento andaluz; la elevación de la memoria anual a la Cámara autonómica y no al Consejo de Gobierno; la atribución implícita a ésta de competencias en el seguimiento de las medidas de mejora, y la atribución a la Mesa del Parlamento de la potestad para adaptar el reglamento de organización y funcionamiento.
El Ejecutivo que preside Susana Díaz advierte de que este modelo, "que no existe ni en el Consejo de Estado ni en ninguna comunidad autónoma, adolece de numerosas inconstitucionalidades, principalmente las derivadas de trasladar a la Cámara potestades reglamentarias que corresponden al Consejo de Gobierno o de la configuración de un órgano no previsto en el Estatuto de Autonomía".
Junto a ello, el Gobierno andaluz señala también que el Consejo Consultivo que se propone "sería más caro que el actual" porque se plantea "un nuevo pleno con nueve consejeros a tiempo completo y con exclusividad (actualmente seis), así como suprimir la Comisión Permanente, por lo que el órgano tendría que reunirse siempre en sesión plenaria, lo que provocaría un aumento presupuestario de al menos un 25 por ciento".
En su criterio contrario, el Consejo de Gobierno advierte también de la inconstitucionalidad que supondría "el cese de los miembros actuales, antes de que concluya el mandato previsto, por no respetar las condiciones de inamovilidad con las que fueron designados". Además subraya que las medidas propuestas no cuentan con la opinión del propio Consejo Consultivo, que no ha emitido informe.
En opinión del Ejecutivo andaluz, "todos estos cambios responden al malestar del PP-A ante la última renovación del Consejo", por lo que le reprocha "su intención de querer convertir este órgano en un instrumento de expresión de las posiciones políticas de los grupos parlamentarios".
Según establece el Reglamento del Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno debe
manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no con la tramitación si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios en el ejercicio en curso.