Actualizado 30/11/2021 15:53 CET

La Junta aprueba un plan de regulación económica que reformará más de 100 normas y simplificará 150 procedimientos

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno ndaluz, Elías Bendodo, y el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, al inicio de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno ndaluz, Elías Bendodo, y el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, al inicio de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Plan para la mejora de la regulación económica en Andalucía, que establece reformar más de un centenar de normas y simplificar en torno a 150 procedimientos administrativos de carácter autonómico implicados en la regulación económica. El programa busca facilitar el desempeño de empresas y emprendedores, mediante la reducción de trámites y requisitos desproporcionados e injustificados.

También pretende impulsar un cambio en la cultura de la Administración que la haga más ágil, accesible y proactiva y que permita mejorar la intervención pública en la economía. Este instrumento estratégico lo impulsa la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y su vigencia se prolonga hasta 2024.

Busca facilitar la implantación de inversiones y promover la recuperación de las actividades productivas y la creación de empleo para contrarrestar los efectos de la pandemia de Covid-19.

La aprobación de este documento hace de Andalucía una región pionera en el territorio nacional por cuanto implica la renovación integral de su normativa de corte económico, según una nota del Gobierno andaluz.

La revisión normativa supone un paso imprescindible para sustentar la transformación y diversificación del actual modelo productivo de Andalucía y para aprovechar las oportunidades de inversión derivadas de los fondos europeos, tanto los canalizados a través del mecanismo Next Generation creado a raíz de la pandemia como los incluidos en los marcos plurianuales.

La simplificación planteada para las más de cien normas, entre leyes y decretos, se articula a través de tres decretos leyes, dos de ellos ya en vigor y el tercero próximo a su aprobación.

Toda la normativa modificada hasta ahora se circunscribe a los principales ámbitos económicos andaluces como son el turismo, el comercio, la industria agroalimentaria, la pesca, la energía o la salud. También ha afectado al proceso de declaración de proyectos de inversión de interés estratégico para favorecer la captación de grandes iniciativas empresariales.

Para acometer la mejora de los procedimientos administrativos fijados, la Consejería de Transformación Económica evalúa, junto al resto de departamentos de la Junta, todo el conjunto de trámites autonómicos que han de cumplir los operadores económicos.

Son 468 procedimientos que al finalizar el plan en 2024 se habrán simplificado en torno a un 30%, lo que equivale a unos 150.

GUÍA DE SUBVENCIONES

Esta línea de trabajo en el marco autonómico se completa con la revisión de otros 207 procedimientos implicados en la normativa que regula la concesión de ayudas y subvenciones a empresas para agilizarlas al máximo para afrontar la financiación europea en las mejores condiciones regulatorias.

Ese análisis culminará con la elaboración de una guía de subvenciones para los gestores de la Administración andaluza y se establecerá un calendario de difusión y formación.

La pretensión es que las consejerías revisen su normativa en la materia y evalúen si sus procedimientos administrativos para dar subvenciones se adecúan a los principios de una buena práctica regulatoria.

El programa también contempla la necesidad de reforzar el seguimiento y la evaluación de este tipo de políticas públicas para medir sus resultados y en qué medida son eficaces y eficientes para el crecimiento económico y la creación y mantenimiento de empresas y empleo.

Al margen de la tramitación regional, la Consejería también ha identificado otros 154 procedimientos de la normativa estatal y europea que también son susceptibles de mejora. Para este caso, se propone plantear su modificación en las correspondientes conferencias sectoriales.

El instrumento de planificación recién aprobado también aborda otras líneas de acción encaminadas a facilitar la implantación de iniciativas empresariales en el medio rural con la finalidad de frenar la pérdida de población y favorecer el relevo generacional. Para ello establece la abreviación de los trámites implicados en actividades agrícolas y agroalimentarias.

El plan contempla mejorar la regulación económica en el ámbito local, poniendo el foco en la agilización de la normativa urbanística.

TRES GRUPOS DE TRABAJO Y MÁS DE 150 FUNCIONARIOS

La Consejería de Transformación Económica ha elaborado el documento apoyada en tres grupos de trabajo, uno de carácter sectorial, otro transversal y un tercero compuesto por expertos, entre altos directivos de la Administración, especialistas procedentes del mundo universitario y de la empresa y por funcionarios cualificados.

Han contribuido a su diseño más de 150 funcionarios de todas las consejerías coordinados por la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía (Acrea). El plan ha contado, además, con la participación activa de los principales agentes económicos y sociales más representativos: UGT, CCOO y CEA.

EL TRABAJO PRECEDENTE

Amparadas en este documento estratégico, la Junta ha acometido, con carácter previo, dos importantes reformas de simplificación, recogidas en dos decretos leyes ya aprobados. La primera de ellas se llevó a cabo en 2019 y afectó a la normativa relacionada con la declaración de proyectos de interés estratégico para la comunidad.

Los cambios introducidos buscaban agilizar la aplicación de esta figura, que permite dar un impulso preferente y urgente a los distintos trámites ante la Administración andaluza que han de cumplir aquellas inversiones empresariales más relevantes.

Desde el inicio de la legislatura, el Ejecutivo autonómico ha declarado de carácter estratégico diez grandes proyectos industriales y energéticos que conllevan una inversión de 3.443 millones y la creación de 9.676 puestos de trabajo. Junto a ellos otra decena de iniciativas se encuentra en estudio.

La segunda reforma hace referencia al Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de Mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Esta norma incide sobre 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos y eliminación de barreras y trabas en ámbitos económicos como el turismo, el comercio, la industria agroalimentaria o el medio ambiente.

La Junta ultima una tercera que se materializará en otro Decreto ley de simplificación. Esta nueva medida tendrá efecto sobre unas 80 normas y contendrá más de 300 medidas de simplificación y reactivación económica que afectará a toda la Junta.

El Plan señala la calidad institucional y regulatoria como uno de los factores estructurales que influyen en el crecimiento de las economías, junto a otros aspectos como la capacidad inversora, la estructura sectorial de la actividad productiva o el nivel y diversidad de cualificación de los trabajadores.

El documento analiza la calidad institucional y regulatoria de Andalucía y España. A modo de ejemplo, un estudio del Banco de España de 2020 que analiza cómo afecta el volumen de la regulación a la demografía empresarial y a la productividad, recoge que Andalucía se coloca entre las comunidades con mayor producción normativa regional en el periodo 1983-2018, con casi el 8% del global. Cataluña ostenta la primera posición, con el 12%.

A su vez, en la esfera nacional, un estudio de 2018 sobre calidad institucional de la Fundación BBVA señala que España se ubica un 26% por debajo de su potencial. Además, estima que, si ese parámetro se elevara hasta el nivel que le corresponde de acuerdo con la productividad de su economía, se obtendría un incremento potencial a largo plazo del PIB per cápita de alrededor del 20% en un escenario intermedio.