La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUIN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con los únicos votos a favor del PP-A el proyecto de Ley de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía. El PSOE se ha abstenido, mientras que Vox, Por Anadalucía y Adelante Andalucía han votado en contra.
Se trata de una ley que consta de ocho artículos, cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales, y que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Al término del debate parlamentario sobre este proyecto, y antes de la votación, ha tomado la palabra ante el Pleno la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que ha defendido que esta ley "nos hace avanzar en control y transparencia".
Además, ha puesto de relieve que "es una ley que nace de los propios funcionarios y supone una forma de trabajar que no tiene precedentes en la administración autonómica, que nunca antes ha mostrado su disposición a someterse por iniciativa propia a tantos filtros de control ni a tantos procesos de supervisión interna", según ha subrayado.
En esa línea, la consejera ha sostenido que esta ley supondrá un "valor añadido a la rigurosidad y eficacia que ha logrado la administración de la Junta en estos años, y va a permitir mejorar el control interno de la administración autonómica y de los recursos públicos".
En esa línea, en la exposición de motivos de este proyecto de ley, consultado por Europa Press, se justifica la decisión de crear un Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría "que sirva al desarrollo de un modelo de control interno más adecuado y más eficaz en la nueva tesitura de la actividad financiera pública".
La ley aprobada prevé además "la creación de un cuerpo técnico especializado en el apoyo al desarrollo de estas nuevas funciones, así como de las demás funciones que se le encomienden dentro de los respectivos procedimientos de control".
El Gobierno andaluz defiende en este proyecto que "la decisión legal de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía tiene un indudable papel instrumental en el ejercicio de la función de control del gasto público y, en particular, de control sobre la materia subvencional y contractual".
FUNCIONES DE LOS CUERPOS DE INTERVENCIÓN
"La mejora de la eficiencia de la actuación pública también pasa por potenciar las técnicas de auditoría operativa y supervisión continua, adicionales a actuaciones de fiscalización previa y control financiero", se puede leer en la exposición de motivos de este proyecto de ley, donde se detalla que "las funciones del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía se centrarán en tareas superiores de decisión, planificación, organización, supervisión y dirección de las áreas competenciales de control, así como de emisión de informes, dictado de actos de control y de adjuntía o asesoramiento superior".
El ingreso en este Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía "será por oposición", y se exigirá "estar en posesión de titulación universitaria de Grado, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería u otro título equivalente".
Por su parte, las funciones del Cuerpo Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía "se centrarán, fundamentalmente, en el apoyo a las funciones de auditoría y, en concreto, a las nuevas funciones de supervisión continua que se encuentran en las fases iniciales de implementación y a las auditorías operativas que ofrecen la información de base para aquellas".
De igual modo, el ingreso en el Cuerpo Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta también "será por oposición", y se exigirá "estar en posesión de titulación universitaria de Grado, Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica u otro título equivalente".
La nueva ley también determina que "el personal funcionario de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía, mientras permanezca en activo en dichos cuerpos, solo podrá desempeñar puestos adscritos a los mismos".
En una de las disposiciones adicionales de esta norma también se especifica que, "en el desarrollo de sus funciones, el personal funcionario de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía tendrá la consideración de agente de la autoridad, cuando así se le reconozca, con arreglo al ordenamiento jurídico vigente".
POR LA "MÁXIMA TRANSPARENCIA"
A propósito de esta ley, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha proclamado ante el Pleno que "encaramos el futuro con la máxima transparencia y las mayores garantías, porque todos los andaluces tienen derecho a conocer el uso que la administración hace de los recursos públicos", ha defendido antes de apostillar que "nosotros somos los primeros interesados en evaluar nuestros procesos, dónde existen áreas de mejora, ver dónde se puede dar algún fallo y detectar dónde puede existir deficiencias, ya que así podemos hacer de forma más efectiva y rápida nuestra labor como servidores públicos".
Como órgano gestor de la contabilidad del sector público regional, la Intervención General asume numerosas obligaciones de rendición de cuentas y transparencia que derivan de las normas comunitarias y estatales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que "ha supuesto un cambio de paradigma en el desempeño de sus funciones que exige cada vez un mayor grado de especialización en materia de auditoría, contabilidad financiera y analítica y consolidación de estados financieros", según ha abundado Carolina España.
Por ello, la consejera ha incidido en que "necesitábamos una ley como ésta, que ya contempla para los cuerpos de interventores y auditores la cualificación específica antes no contemplada en toda su extensión, y, con ello, llevamos el control público y la rendición de cuentas de la Junta de Andalucía al siglo XXI".