SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha mostrado este martes su malestar con la reciente aprobación de la nueva Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) por parte del Gobierno central. Gómez Villamandos ha denunciado que la decisión se ha tomado sin consultar a las comunidades autónomas, a pesar de que son ellas las encargadas de implementar la prueba.
Gómez Villamandos ha subrayado que la intención no es endurecer la PEvAU, sino hacerla "más justa, homogénea y armonizada" en todo el país. El consejero ha lamentado que el Ejecutivo haya impuesto esta modificación "sin diálogo" y ha destacado que Andalucía, junto con otras comunidades, no está "de acuerdo" con la medida, según informa la Junta en una nota de prensa.
El consejero ha insistido en que la reforma no logrará la homogeneización anunciada por la ministra de Educación, Pilar Alegría. Según Gómez Villamandos, la única modificación real es el cambio de nombre de la prueba a PAU, además de imponer un mínimo del 10% sin determinar cómo se aplica o si hay un número máximo permitido de faltas de ortografía, lo que no contribuye a la uniformidad.
Ha apuntado que las comunidades gobernadas por el PP "llevamos cinco meses trabajando en un documento que nos permita alcanzar homogeneidad en criterios formales y académicos". El consejero ha invitado al resto de comunidades autónomas y al Gobierno central a hacer el trabajo entre todos porque "la educación es un tema de Estado".
Gómez Villamandos ha insistido al Ministerio para que considere las propuestas de las comunidades autónomas y se trabaje conjuntamente en el desarrollo de un sistema de evaluación y acceso a la universidad común para todo el país. Ha enfatizado la importancia de escuchar a Andalucía, que cuenta con el primer sistema universitario público de España y casi 53.000 estudiantes inscritos en la PEvAU.
El consejero ha reiterado la necesidad de una prueba con criterios comunes, en lugar de 17 distintas, para asegurar la equidad y la comparabilidad en el acceso a la universidad.
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