Parlamento Europeo.- La UE pacta que las capitales vigilen la salud del suelo y exime de nuevas obligaciones a agricultores

BRUSELAS 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado este jueves que los Estados miembro vigilen y evalúen la salud de todos los suelos de su territorio para prevenir y abordar riesgos para la salud humana y el medio ambiente, aunque exime de nuevas obligaciones a los agricultores.

Este acuerdo provisional aún debe ser refrendado por los colegisladores y acto seguido, la nueva Ley de Vigilancia del Suelo entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. A partir de esa fecha, los gobiernos dispondrán de tres años para cumplirla.

La nueva ley obligará a los países de la UE a monitorear y evaluar la salud de todos los suelos en su territorio y las autoridades nacionales podrán aplicar los descriptores de suelo que mejor ilustren las características de cada tipo de suelo a nivel nacional.

Asimismo, la norma requerirá que los Estados miembro elaboren una lista pública de sitios potencialmente contaminados dentro de los diez años siguientes a su entrada en vigor y aborden cualquier riesgo "inaceptable" para la salud humana y el medio ambiente.

Finalmente, 18 meses después de la entrada en vigor de la ley, se elaborará una lista indicativa de sustancias emergentes que podrían suponer un riesgo significativo para la salud del suelo, la salud humana o el medio ambiente y entre las que se incluirán los PFAS, conocidos como "químicos permanentes", y los plaguicidas.

APOYO A LOS AGRICULTORES

Para proteger a los agricultores, la directiva acordada no impone nuevas obligaciones a los propietarios ni a los gestores de tierras pero sí obliga a los países de la UE a ayudarles a mejorar la salud y la resiliencia del suelo.

Estas medidas de apoyo pueden incluir asesoramiento independiente, actividades de formación , así como el fomento de la investigación y la innovación y medidas para concienciar sobre los beneficios de la resiliencia del suelo.

Los Estados miembro también deberán evaluar periódicamente el coste financiero que supone para los agricultores mejorar la salud del suelo.