El Congreso de Derecho Tributario del ICAM llama a preservar la seguridad jurídica ante la expansión del poder fiscal

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso de Derecho Tributario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha arrancado con una llamada a reforzar "el equilibrio entre la eficacia del poder fiscal y las garantías propias del Estado de Derecho", ha informado el Colegio en un comunicado.

En la sesión inaugural, celebrada este lunes, el secretario general de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ignacio Monedero, y el presidente de la Sección de Derecho Tributario, Gabriel Casado, han defendido la necesidad de preservar la seguridad jurídica ante "la creciente intensidad de las potestades administrativas en el ámbito fiscal".

Monedero ha defendido el diálogo institucional como vía para fortalecer el sistema fiscal, recordando que "el sistema tributario es una de las columnas vertebrales que sustenta y posibilita el Estado social y democrático de Derecho".

Al hilo, ha subrayado que debe operar "bajo los más estrictos estándares de seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales". La lucha contra el fraude fiscal, ha afirmado, "es un objetivo legítimo y necesario", pero "no puede justificar interpretaciones expansivas o prácticas administrativas que restrinjan derechos y garantías fundamentales".

DERECHO DE DEFENSA Y SECRETO PROFESIONAL

Por su parte, el secretario general ha puesto especial énfasis en la defensa del derecho de defensa y del secreto profesional en un contexto de "creciente intensificación de requerimientos de información".

Ha recordado que la colaboración con la Administración no puede comprometer "el núcleo esencial del derecho de defensa ni el ejercicio independiente del asesoramiento profesional", y ha advertido de que la calidad del sistema tributario no se mide únicamente por su capacidad recaudatoria, sino también por su respeto a las garantías procesales.

Una advertencia que se suma a la posición expresada recientemente por el Colegio de la Abogacía de Madrid ante el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central sobre los informes de 'due diligence'.

La corporación colegial ha alertado de que su consideración automática como información con trascendencia tributaria "puede generar inseguridad jurídica y afectar al secreto profesional, al tratarse de documentos que incorporan valoraciones técnicas y análisis estratégicos elaborados en el marco de encargos de asesoramiento".

EQUILIBRIO Y CONTROL

Por su parte, Gabriel Casado ha aportado una reflexión estructural sobre la configuración del poder fiscal. Ha descrito la Agencia Tributaria como una "burocracia altamente especializada cuya estabilidad institucional trasciende los ciclos políticos".

"Los titulares del poder político cambian; la Agencia Tributaria permanece", ha afirmado, planteando la necesidad de analizar cómo se articula internamente un poder administrativo que concentra potestades coercitivas, funciones técnicas complejas y una gestión masiva de información económica.

Monedero ha subrayado que la fortaleza de la Administración tributaria y el respeto a las garantías "no son objetivos incompatibles". Al contrario, ha insistido en que "la legitimidad es el mayor capital de cualquier sistema tributario", y que esa legitimidad se construye cuando la eficacia en la lucha contra el fraude se ejerce dentro del marco constitucional.

La cooperación institucional, ha añadido, debe asentarse sobre la confianza recíproca y la seguridad jurídica como presupuestos de estabilidad.

Desde la perspectiva sociológica, Casado ha advertido de que cuando el poder fiscal se institucionaliza en una organización tecnificada "puede adquirir rasgos de autonomía estructural respecto del poder político".

Así, ha expuesto que esta circunstancia no cuestiona su legitimidad, pero obliga a reflexionar sobre los mecanismos de equilibrio y control, especialmente cuando el destinatario de sus potestades puede ser cualquier persona física o jurídica obligada a suministrar información con trascendencia tributaria.

En el plano de las relaciones con los ciudadanos, el presidente de la Sección ha cuestionado el propio lenguaje jurídico habitual. A su juicio, hablar exclusivamente de "obligados tributarios" proyecta una imagen de "sujeción pasiva que invisibiliza la dimensión de derechos".

Ha propuesto recentrar la relación jurídico-tributaria en la persona, recordando que el contribuyente es también ciudadano y titular de derechos fundamentales que no pueden sacrificarse en aras de una eficacia recaudatoria mal entendida.