Agirre las ve "desproporcionadas" y apuesta por "buscar una fórmula" para participar en la recaudación

BILBAO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La viceconsejera de Justicia del Gobierno vasco, Ana Agirre, se muestra "a favor" de las tasas judiciales, si bien censura que las establecidas son "desproporcionadas" y están distribuidas "de forma no equitativa". Asimismo, reitera la necesidad de "buscar una fórmula para que la administración vasca pueda participar en la recaudación de estas tasas en Euskadi".

   En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, señala que la justicia es "muy cara" y, por tanto, "el concepto de tasas judiciales no me parece mal". No obstante, precisa que no está "conforme ni con la cuantía ni con la distribución" establecida por el Ministerio de Justicia.

   De este modo, opina que las cuantías que se han determinado son "desproporcionadas" y, además, "se han distribuido de forma no equitativa y no justa".

   Tras precisar que "con los impuestos pagamos el funcionamiento de los servicios públicos, y con las tasas, su uso", apunta que "la raya roja está en que la capacidad económica de un contribuyente en ningún caso puede suponer la imposibilidad de acceder a la Justicia".

   En este sentido, censura que "algunas tasas no tienen en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos y su incidencia puede atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de todos los ciudadanos a defenderse y acudir a la Justicia".

   Asimismo, recuerda que la ley de tasas vincula los ingresos con la financiación de la Asistencia Jurídica Gratuita y, de este modo, defiende que, dado que "las tasas judiciales no son concertadas y no pueden ser recaudadas por las diputaciones forales, habrá que buscar una fórmula para que la Administración vasca pueda participar en la recaudación de esas tasas en Euskadi".

EN VÍAS DE SOLUCIÓN

   Por otro lado, explica que el conflicto con los Colegios de Abogados por la financiación de la Justicia Gratuita está "en vías de solucionarlo", aunque "todavía nos queda mucho esfuerzo, mucha negociación y muchas horas de discusión y debate con los Colegios de Abogados".

   En relación a la reforma del Registro Civil, defiende que el registro necesita "una modernización esencial para adaptarse a una sociedad del siglo XXI" y subraya que debe seguir siendo un servicio público. "No estoy en contra de que los asuman los registradores, que son un cuerpo de funcionarios altísimamente cualificado. Otra cosa distinta es que un servicio público que ahora es gratuito deje de serlo", concluye.