Publicado 05/11/2020 18:32CET

Alokairu Benta Berri, Inquilinos Azora y Stop Desahucios exigen renovar contratos por 7 años con subida vinculada al IPC

SAN SEBASTIÁN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Alokairu Benta Berri, Inquilinos Azora y la plataforma Stop Desahucios de San Sebastián han exigido la renovación de los contratos de las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler adquiridas por "fondos buitre" por siete años, con subidas vinculadas al IPC.

A su juicio, se debe "garantizar la protección y el régimen de alquiler protegido a las promociones de VPO que se encuentran en esta situación actualmente en Euskadi", así como desarrollar "un protocolo preventivo anti-desahucios".

En un comunicado, tras la reunión mantenida por vía telemática con representantes del Gobierno Vasco para tratar diferentes temas como "las consecuencias de la irrupción de fondos buitre tanto en VPO como el caso de Benta Berri de San Sebastián, como en viviendas privadas, como en el caso de la venta de Inmobiliaria Vascongada a Azora", Alokairu Benta Berri, Inquilinos azora y Stop Desahucios han trasladado su "preocupación" al respecto.

Alokairu Benta Berri ha pedido la intermediación del Gobierno Vasco frente a "las amenazas, coacciones, intentos de desahucio y falta de interlocución con Blackstone". El Ejecutivo Vasco ha asegurado que "Blacktone pretende mantener el alquiler hasta 2028, pero luego se desconoce qué va a pasar", según han explicado.

En cuanto a Azora, han indicado que el Gobierno Vasco "no ha intervenido en nada, ni prevé hacerlo, al tratarse de viviendas privadas". Las asociaciones han señalado que los contratos de Inmobiliaria Vascongada "se están renovando mes a mes, con la gran incertidumbre que esto genera", por lo que ha pedido que "se regule de algún modo esta figura, que pervierte totalmente la vocación con la que se reformó la LAU estatal, dotando de mayor estabilidad a los contratos, y más aún en el caso de Grandes Tenedores".

Finalmente, respecto de los alojamientos dotacionales, han pedido que "los 5 años de duración del contrato se contabilicen para el cómputo de la antigüedad exigida para el derecho subjetivo", de forma que "las familias vulnerables obtendrán una alternativa habitacional, según cumplan el resto de requisitos de ese derecho subjetivo".

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