Destaca, ante el posible pronunciamiento del CGPJ, que la marcha del sábado fue legítima y es un derecho "consagrado en la Constitución"
VITORIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco presentará una querella criminal contra el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Pablo González por un artículo publicado en un periódico en el que, según el Ejecutivo autonómico, el magistrado acusaba al gabinete de Juan José Ibarretxe de "ser connivente con ETA y responsable de sus acciones terroristas".
En el texto, publicado en La Razón, González afirmaba que "la preocupante realidad no se hubiera producido sin la connivencia y la tolerancia de un Gobierno vasco cada vez más radicalizado, empeñado en ligar su destino al de una banda terrorista a la que lleva décadas proporcionando cobertura social, política e ideológica".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, la portavoz del tripartito anunció que el Ejecutivo también presentará una queja formal ante el CGPJ por el texto "firmado por uno de sus vocales, curiosamente el mismo que representa, supuestamente, al País Vasco".
Desde el Gobierno se explicó que la querella se está redactando en estos momentos, por lo que no se dieron a conocer más detalles de la misma. Azkarate quiso agradecer la actitud de "los miembros del CGPJ que han tenido la valentía de trasladar públicamente lo que piensan, mostrando su repulsa por el exceso del vocal Juan Pablo González". "Esta actitud les honra y el Gobierno desea públicamente reconocerlo", añadió.
La querella se presentará por considerar que en su artículo, González acusa al Gobierno de "ser connivente con ETA y responsable de sus acciones terroristas".
MANIFESTACIÓN
Respecto a la posibilidad de que el CGPJ se pronuncie sobre la manifestación del pasado sábado en Bilbao contra la condena del Tribunal Supremo al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, destacó que en la marcha "no hubo ninguna descalificación" y que se trató de un acto "legítimo que se desarrollo en paz".
"No hubo ni gritos ni insultos, simplemente la gente salió a la calle para mostrar su disconformidad con determinadas actuaciones judiciales", añadió, para a continuación recordar que "el derecho de manifestación es uno de los derechos consagrados en la Constitución".
Azkarate insistió en que con este tipo de actos, "nadie esta descalificando a la Justicia en general", sino que sólo se pretende expresar "un desacuerdo con lo que entendemos una injerencia y un no respeto a la división de poderes por una minoría de magistrados".
