Lamenta que acceder a un piso en alquiler se "vea gravemente condicionado por salarios menguantes" y el alza "exagerado" del precio
BILBAO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha cuantificado en más de 23.000 la cifra de pisos públicos en alquiler en Euskadi y ha lamentado que acceder a un piso en alquiler se "vea gravemente condicionado por unos salarios menguantes" y un incremento "exagerado" del precio.
Arriola ha inaugurado este jueves la jornada 'Soluciones al reto del alquiler asequible', que ha reunido en Bilbao a 300 profesionales en materia de vivienda, entre ellos, especialistas a nivel europeo y donde se han repasado experiencias exitosas en la creación de parques públicos de vivienda en alquiler, como las de Viena, Berlín o París.
En la jornada, el consejero ha indicado que no se puede dejar de prestar atención a las señales que viene enviando la ciudadanía en materia de vivienda, para que "no nos estalle una emergencia social como fue la de los desahucios hipotecarios en el momento más hondo de la crisis económica".
Arriola ha manifestado que el impacto de la crisis y la "precaria recuperación" no solo han hecho "inalcanzable para muchas personas la vieja aspiración de poseer un piso en propiedad, que saltó por los aires con la explosión de la burbuja inmobiliaria". "Lo grave es que la vía alternativa de tenerlo en alquiler se ve gravemente condicionado por unos salarios menguantes y un incremento exagerado del precio de los arrendamientos", ha advertido.
En este sentido, ha señalado que las instituciones públicas no pueden permanecer "impasibles" ante esa realidad. Arriola ha manifestado que, a diferencia de otros derechos básicos, "y a pesar de lo que establece el artículo 47 de la Constitución", durante mucho tiempo la vivienda "ha quedado relegada a un segundo escalón".
"Desde las Administraciones públicas ya no podemos ver esta cuestión como un problema de asistencia social, sino como una condición de la ciudadanía que hay que atender, como la sanidad o la educación. Y que conlleva derechos para las personas beneficiarias, pero también obligaciones y responsabilidades", ha manifestado.
Asimismo, ha indicado que, de "poco sirve ser muy avanzados" al vincular el derecho a una vivienda digna con la obligación de las administraciones de facilitársela a quienes no se la puedan costear,
si no se dispone de los recursos para "hacerlo efectivo".
"No se construye de un día para otro un parque público de vivienda como el que se necesitaría para albergar a las casi 55.098 personas que están demandando en Euskadi un piso en alquiler, que es la fórmula en que debe satisfacerse ese derecho", ha indicado.
Por ello, según ha explicado, el Gobierno Vasco está intentando intervenir "directa e indirectamente" sobre el mercado de la vivienda, a fin de mejorar en general la situación residencial de la población, y, en especial, "incrementar las posibilidades de acceso de las personas con mayores dificultades".
Arriola ha asegurado que la prioridad es disponer de un parque de vivienda pública protegida suficiente para atender esta demanda social. Para ello, según ha detallado, trabajan impulsando la construcción de nuevas promociones públicas de alquiler y, mientras no se consiga tener la masa crítica necesaria, "rescatando viviendas vacías de particulares a través del programa Bizigune, para que la sociedad pública Alokabide las ponga a disposición de las familias que las necesitan".
En estos momentos, según ha indicado, con las propias y las captadas, han superado ya las 14.000 viviendas gestionadas por Alokabide, 2.000 más que hace dos años.
Por otra parte, ha recordado que el 80% de las 69.000 unidades de convivencia que demandan un piso en el servicio Etxebide lo quiere en
régimen de alquiler y el 20% en compra, justo al revés de lo que sucedía antes de la gran recesión de 2008.
Además, ha apuntado que más del 80% de quienes eligen esta fórmula ingresan al año entre 3.000 y 20.000 euros, y, "con esos recursos
ningún banco va a conceder una hipoteca".
En su discurso, también ha destacado que el Plan Director de Vivienda 2018-2020 apuesta por un "ambicioso" programa de rehabilitación de los edificios viejos, que pone también el acento en la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética.
Ha añadido que también han introducido el programa Gaztelagun para ayudar a los jóvenes que emprenden un proyecto de vida autónomo a que puedan pagar el alquiler de un piso. A finales de octubre había ya más de 1.500 solicitudes, que espera que se incrementen con la
flexibilización de requisitos que se va a introducir.
Arriola también ha apuntado que, según datos del INE de 2017, el mercado del alquiler mueve en Euskadi alrededor de 118.000
viviendas. En esa cifra se incluyen las 14.000 que gestiona el Gobierno vasco a través de Alokabide, las que están en manos de sociedades municipales, principalmente de Bilbao y San Sebastián, con lo que la cifra de pisos públicos en alquiler supera los 23.000.
Además, ha añadido que, en el futuro, otros 15.000 pisos cedidos hoy en derecho de superficie retornarán al patrimonio público del Gobierno
Vasco sin coste de reversión.
Por otro lado, ha destacado las ayudas al pago de alquileres alcanzan un "nivel considerable", ya que, si se suman las Prestaciones Complementarias de Vivienda vinculadas a la Renta de Garantía de Ingresos (unas 30.000) a las Prestaciones Económicas de Vivienda (PEV) asociadas al derecho subjetivo y a las subvenciones del programa Gaztelagun, serían unas 36.000 ayudas.
"Esto implica que la intervención pública alcanza, de un modo u otro, a más del 50% del parque total de viviendas en alquiler existente en Euskadi. Un grado de intervención sin parangón en ninguna comunidad autónoma, y muy destacado también a nivel europeo", ha indicado.
Arriola ha indicado que queda "mucho por hacer" porque el problema sigue siendo "acuciante" y, por ello, deben trabajar para disponer de un parque público de viviendas mayor para ser "capaces de modular de forma más decisiva el mercado del alquiler".
El consejero ha asegurado que es una tarea a largo plazo, en la que "no caben improvisaciones ni ocurrencias" sino "una planificación
coherente, sostenida en el tiempo y dotada con los recursos adecuados".
Arriola ha añadido que esta política debe estar acompañada de otras medidas para "corregir las distorsiones" que se dan en el mercado del alquiler, y una de ellas, es la de "dar estabilidad al
arrendatario y garantías al arrendador".
El consejero ha indicado que, a la hora de frenar y modular el precio de los alquileres, es más eficaz "la vía de la disuasión que la de la imposición". Según ha explicado, es por ello por lo que han planteado utilizar la fiscalidad en el IRPF y en los impuestos municipales para promover el alquiler: bonificando a quienes alquilen a precios por debajo de la renta media real, y penalizando a aquellos que lo hagan por encima de ella.
SESIÓN
En esta sesión han participado Ian Brossat, adjunto a la Alcaldía de París en materia de Vivienda y Alojamiento de Urgencia; Alexis Mundt, experto en políticas de vivienda comparada del Instituto de la Construcción y la Vivienda de Viena; Reiner Wild, director general de la Asociación de Inquilinos de Berlín, y Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europa.
La jornada se ha abierto con la intervención de los profesores Gonzalo Bernardos, de la Universidad de Barcelona, y José García Montalvo, de la Universidad de Barcelona, que han abordado la situación actual del mercado del alquiler.
Posteriormente, el viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Pedro Jauregui, ha expuesto las actuaciones del Departamento de Vivienda para impulsar el alquiler social.
