Una de cada tres empresas de Álava tendrá que parar si se prolonga la situación actual por la guerra de Ucrania

VITORIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 29% de las empresas alavesas (38% en el caso de la Industria) creen que tendrán que parar su actividad si se prolonga la situación actual por la invasión rusa de Ucrania, según recoge el Observatorio sobre la afección que la guerra en Ucrania tiene en las empresas de Álava, elaborado por SEA Empresas Alavesas.

Con el objetivo de que la situación generada tenga el menor efecto posible en el empleo y la viabilidad futura del mismo, SEA ha solicitado a los trabajadores alaveses y a sus representantes, además de la "máxima involucración posible" en la defensa de la empresa como un "bien común" de nuestra sociedad, que aplacen hasta que la situación se estabilice los procesos de negociación colectiva abiertos en las empresas y sectores.

El sondeo de la patronal alavesa refleja que aunque sólo el 8% de las empresas que han respondido a la encuesta mantienen relaciones comerciales directas con Ucrania y/o Rusia, las derivadas económicas del conflicto están afectando al 94% de las mismas.

La subida del precio de las materias primas afecta al 92% de las empresas (95% en el caso de la Industria), con subidas en este último mes por encima del 25% en la mayoría de los casos, notándose igualmente la falta de suministros en el 65% de los casos (71% en la Industria).

Los precios de la energía eléctrica se han multiplicado por 3 o por 4 para el 64% de las empresas industriales y los del gas por 3 o por 4 para el 60% de las mismas, representando ya en este momento tanto los gastos eléctricos como los del gas más de un 17% del total de los costes de explotación de estas empresas.

La encuesta señala también que las empresas alavesas van a tener "serias dificultades" para devolver la financiación Covid, 25% en el caso de los préstamos Elkargi (30% en el caso de la Industria) y 31% en el caso de los préstamos ICO (38% en el caso de la Industria).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Reunidos en sesión extraordinaria tanto el Comité Ejecutivo como la Junta Rectora de SEA Empresas Alavesas para analizar las consecuencias económicas generadas en las empresas alavesas tras la situación postcovid y la invasión de Ucrania, han recordado que SEA ya puso de manifiesto en su observatorio de situación económica del pasado mes de enero su preocupación por el efecto que la situación postcovid estaba generando en los últimos meses sobre el día a día de las empresas, con "importantes problemas" en los mercados de los componentes, materias primas, costes de energía y costes de transporte, y que estaba afectando de forma "gravísima" a los márgenes empresariales.

La invasión rusa de Ucrania producida a finales de febrero, además de generar un problema directo a aquellas empresas que mantienen una relación comercial con Ucrania y/o Rusia, ha provocado un incremento "absolutamente disparado y generalizado de todas las materias primas, costes de energía eléctrica, gas y demás combustibles", indica el SEA.

Además, ha recordado que el incremento en el coste de los combustibles ha generado una huelga en el sector del transporte que impide el normal desarrollo de la actividad de recepción y expedición de mercancías.

Dada la gravedad de la situación, el Comité Ejecutivo y la Junta Rectora de SEA Empresas Alavesas han exigido de manera urgente a las instituciones competentes la puesta en marcha de: un plan específico de ayudas a las empresas con relaciones comerciales directas con Ucrania y/o Rusia; el apoyo institucional en la búsqueda de proveedores alternativos ante la ausencia de materias primas procedentes de la zona en conflicto; la reducción inmediata de la fiscalidad aplicada a los carburantes, energía eléctrica y gas; y las modificación del sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico a fin de evitar que el precio del gas condicione el precio final de la electricidad.

Además, la patronal alavesa ha reclamado la activación del Sistema Red para el establecimiento de ERTEs por fuerza mayor en aquellas empresas obligadas a parar su actividad; el establecimiento de nuevas líneas de financiación, así como el aumento de los plazos y carencias de los préstamos Covid tanto de ICO como de Elkargi; la revisión del sistema de fijación de los precios de las obras, contratos públicos y de todos aquellos determinados oficialmente por las Administraciones; y la flexibilidad en el pago de todo tipo de impuestos (aplazamientos y fraccionamientos).