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Celaá denuncia que se vulneran competencias y defiende un texto que "parta al menos de un diagnóstico consensuado"
BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera vasca en funciones de Educación, Universidades e Investigación, Isabel Celaá, ha exigido al ministro José Ignacio Wert la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), por su carácter "segregador, centralista y retrógrado". Asimismo, ha denunciado que "vulnera competencias" y ha reclamado un texto "que parta al menos de un diagnóstico consensuado" entre todas las comunidades autónomas.
Celaá ha mostrado el rechazo de la comunidad educativa vasca a este anteproyecto en la conferencia de Educación celebrada este lunes en Madrid, ante el ministro de Educación y el resto de consejeros autonómicos. La consejera vasca en funciones ha recordado que el consejo escolar de Euskadi ha pedido que "no se llegue a poner en marcha", mientras que el consejo vasco de Formación Profesional han alertado sobre "el serio desprestigio que supone para la FP".
A juicio de la responsable vasca de Educación, "la propuesta parte de una premisa catastrofista, unilateral y errónea y establece unas medidas que no van a servir para lograr los objetivos que se dicen perseguir". "No mejorará el abandono escolar temprano, ni los resultados académicos, ni prestigiará la FP", ha insistido.
En este sentido, ha apuntado que la ley podría tener incluso "el efecto contrario" en muchos de estos puntos, especialmente en una comunidad como Euskadi donde la mayoría de los indicadores educativos se encuentran por encima de la media europea y con "una clara tendencia de mejora".
Por ello, Isabel Celaá ha pedido al ministro que se replantee volver a redactar un texto "que parta al menos de un diagnóstico consensuado entre todas las comunidades autónomas" ya que, según ha destacado, "anteriormente ya hemos demostrado que es posible llegar a acuerdos".
La consejera vasca en funciones ha señalado que el texto actual de la ley propone "una segregación temprana de los alumnos entre los que vayan por el camino universitario y el profesional" y convierte la FP en "una senda de segunda" para los estudiantes con mayores dificultades. Además, ha lamentado que establece "nuevas trabas" con "reválidas constantes" a lo largo de toda la trayectoria educativa.
"Se trata de la confrontación de dos modelos con filosofías irreconciliables: El de la LOE, que tiene como referencia Finlandia y está basado en la comprensividad y la equidad, con un tronco común para el conjunto de los alumnos, y el de la LOMCE, inspirado en Alemania y que segrega y separa temprano a los alumnos en función de sus talentos y abre así una doble vía educativa", ha analizado la Celaá, que ha abogado, "al igual que las directrices europeas, apostamos por el modelo finlandés".
VULNERACIÓN DE COMPETENCIAS
Del mismo modo, ha señalado que los servicios jurídicos del Gobierno vasco ven "una vulneración de competencias" en el texto de la LOMCE. En este sentido, ha citado la reducción del 10 por ciento en la definición del currículo de cada asignatura por parte de los gobiernos autonómicos a favor del central, así como la realización de pruebas de evaluación a nivel estatal.
"Se sustituye la evaluación por parte del profesorado, por un sistema de pruebas externas, competencia del Gobierno central, dejando a las comunidades autónomas en un mero papel de análisis de la situación educativa y sin un efecto de acreditación", ha explicado, reclamando que se retire el anteproyecto la LOMCE para llegar a "un texto respetuoso" con el marco competencia actual.
Celaá ha finalizado su exposición haciendo suyas las palabras del dictamen emitido por el consejo escolar de Euskadi sobre la LOMCE y que indicaban que "en su conjunto, no hay nada sustancial en este anteproyecto de ley orgánica que justifique el enunciado de mejora de la calidad contenido en el título. Por el contrario, dibuja un modelo regresivo respecto a la situación actual, una vuelta al pasado".
Respecto al proceso de centralización de competencias, ha recordado, el Consejo se pronuncia en contra porque reduce el ámbito de decisiones de los centros y de las comunidades autónomas, lo que "resta eficacia y eficiencia al funcionamiento del sistema".
