Diócesis de Bilbao y Caritas Bizkaia ven la regularización como una medida de "responsabilidad política y social"

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Bilbao y Caritas Bizkaia valoran la aprobación del Real Decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes como una medida de "responsabilidad política, ética y social".

En un comunicado conjunto, han destacado que se trata de "un paso decisivo para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos y participar plenamente en la vida social, económica y comunitaria".

En esa línea, han asegurado que la regularización supone "una oportunidad real para romper situaciones de exclusión estructural y construir una convivencia más cohesionada".

Ante un proceso "complejo" desde el punto de vista técnico y administrativo, ambas entidades han subrayado la importancia de que la Administración "garantice los recursos necesarios para que esta medida llegue efectivamente a todas las personas potencialmente beneficiarias, especialmente aquellas que llevan años sin poder regularizar su situación por las vías ordinarias".

En ese sentido, desde Caritas han instado a las Administraciones Públicas a facilitar el registro presencial, la obtención de la documentación necesaria y la tramitación preferente de estos expedientes. En caso contrario, la aprobación de esta regularización extraordinaria "no cumpliría su cometido", según ha afirmado Susana Cuesta, responsable del servicio jurídico de Caritas Bizkaia.

Según ha afirmado Manu Moreno, delegado episcopal de Caridad y Justicia y de Caritas Bizkaia, esta regularización es "una medida de justicia social, de reconocimiento de los derechos de las personas" y "muestra una sociedad que se quiere construir desde los derechos, y no desde la vulneración y exclusión". Es, según ha reiterado, "una medida que permite visibilizar y dignificar a muchas personas que se ven obligadas a abandonar su tierra en la búsqueda de un futuro".

Desde 2023, Caritas Bizkaia junto con otras entidades de Iglesia y sociales viene insistiendo en la necesidad de aprobar un proceso de regularización extraordinaria en favor de las personas migrantes como "una cuestión de justicia y cohesión social y el respeto a los derechos humanos", ha recordado la entidad.

En ese sentido, ha destacado que la ILP (Iniciativa Legislativa popular) con más de 600.000 firmas recabadas, fue "un ejemplo de movilización social en esta línea".

IMPACTO EN EUSKADI

Desde Cáritas Bizkaia han señalado que, según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en Euskadi, más de 315.000 personas migrantes viven en la comunidad autónoma. La situación administrativa irregular en la que se encuentran muchas de ellas, ha apuntado, provoca que "el 41% esté en situación de exclusión social, una cifra cinco veces superior a la de la población autóctona".

En este contexto, Caritas Bizkaia atendió en 2025 a más de 4.700 personas migrantes en situación irregular, lo que representa el 41% del total de personas acompañadas.

Ante estos datos, la directora de Caritas Bizkaia, Elena Unzueta, ha afirmado que la regularización "responde a una realidad que no podía seguir ignorándose y supone una oportunidad para avanzar en cohesión social, garantizando derechos y fortaleciendo una sociedad más justa".

"Tener una autorización de residencia y trabajo no solo abre la puerta a un empleo formal y a una mayor seguridad económica, sino que facilita algo tan esencial como acceder con normalidad a la sanidad, la vivienda, la educación o los servicios básicos, y poder realizar gestiones cotidianas sin miedo", ha concluido.