Denuncia la "enorme discriminación fiscal" que padecen los trabajadores
VITORIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de ELA, José Elorrieta, advirtió hoy de que el fraude de las rentas no salariales es "generalizado" porque "no hay inspección" y denunció la "enorme discriminación fiscal" que supone que "las rentas salariales paguen el 86 por ciento del total del IRPF".
Elorrieta presentó hoy en Vitoria la resolución sobre la fiscalidad que será presentada en el XII Congreso Confederal que se celebrará la próxima semana en Bilbao. En el que ha sido su último acto como el secretario general de ELA, Elorrieta denunció que "en presión fiscal nos encontramos a la cola de la Unión Europea".
Según explicó "las rentas salariales, que representan poco más del 48 por ciento del total del PIB, pagan el 86 por ciento del total del IRPF". Para el secretario general de ELA, la razón de esta "enorme discriminación fiscal" está en que "no hay inspección y en consecuencia, el fraude de las rentas no salariales es generalizado".
"Mientras que el tipo impositivo de las rentas de capital es sólo del 18 por ciento, el tipo mínimo de las rentas procedentes del trabajo es un 23 por ciento", denunció.
DISCRIMINACIÓN FISCAL
Asimismo, afirmó que "en Hego Euskal Herria, como consecuencia del fraude y de la discriminación fiscal, los impuestos sólo los pagan los trabajadores". En este sentido, explicó que "se está haciendo una deshonesta gestión de la política fiscal, discriminando a la mayoría en beneficio de unas elites económicas que no pagan impuestos y que convierten en negocio todos los servicios que se van privatizando, que son muchos".
La resolución presentada se enmarca en la actual crisis financiera que "está produciendo una caída de la producción como consecuencia de las dificultades de crédito y del retraimiento del consumo". Ante esta situación, ELA reclama políticas que se centren en "mejorar el reparto de la riqueza en las empresas y en el cambio de políticas sociales y fiscales".
El sindicato considera necesario "pelear" para que los salarios crezcan por encima del IPC y "oponerse a los recortes de plantilla que se puedan plantear como expedientes o la no renovación de contratos". Por otro lado, reclama a las instituciones un paquete de medidas que suponga "un cambio radical en las políticas presupuestarias hasta ahora aplicadas".
