BILBAO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Ertzaintza ha remitido tanto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional como a la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) toda la documentación y materiales relacionados con la detención del presunto miembro de ETA Manex Castro Zabaleta, arrestado el pasado 1 de marzo como presunto integrante del comando que habría cometido la mayor parte de los atentados ocurridos los últimos meses en Gipuzkoa, incluidos los asesinatos de Inaxio Uria e Isaías Carrasco, según informó el Departamento vasco de Interior.
Entre el material remitido por la Ertzaintza sobre Castro, que denunció torturas por parte de la Ertzaintza, se encuentra una relación detallada de todo el proceso de detención, que incluye los cinco reconocimientos médico-forenses practicados, la información facilitada a los familiares sobre las circunstancias, motivo y lugar de detención, así como el contacto con los mismos para hacer llegar al detenido enseres y objetos personales.
También se incluye en el envío a la autoridad judicial el material videográfico grabado por las cámaras que monitorizaron todo el proceso durante la estancia del detenido en las dependencias de la Ertzaintza, desde su detención hasta su puesta a disposición de la Audiencia Nacional.
DETENCIONES EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN
Interior recordó que en 2003 la Ertzaintza fue "pionera" en el Estado y en el conjunto del espacio europeo, con la puesta en marcha de un protocolo para los detenidos en régimen de incomunicación, que permite regular la actuación de los agentes y dejar constancia de cada detalle de la misma, implicando en el control permanente de la situación de los detenidos a los responsables judiciales y a los especialistas forenses.
En virtud de dicho protocolo, se establecen una serie de medidas que permanecen en vigor mientras el detenido se encuentra en dependencias de la Ertzaintza, previamente a su traslado a instancias judiciales.
Entre estas medidas se encuentran, por ejemplo, la realización de reconocimientos forenses diarios mientras dure el periodo de arresto, la posibilidad de solicitar pruebas médicas complementarias para certificar el estado de salud del detenido, todo ello bajo supervisión permanente de la autoridad judicial, y el establecimiento de una línea de atención permanente a los familiares del detenido para informarles del motivo y lugar de la detención, de su estado de salud, del régimen de entrega de objetos personales o medicamentos, así como del momento de levantamiento del periodo de incomunicación o de la puesta a disposición judicial.
El sistema de garantías se completó en 2005 con la extensión de los sistemas de videovigilancia, que ya estaban presentes en las comisarías, también a los espacios reservados para las detenciones en régimen de incomunicación, "con lo que no queda absolutamente ningún paso dentro del procedimiento de detención que no esté fiscalizado y registrado para su supervisión y control por los responsables judiciales que lo requieran", indicó Interior.
La Consejería de Interior remarcó que las cámaras controlan "absolutamente todo el proceso de detención, sin posibilidad de desconexión o de alteración de las grabaciones, que quedan registradas y disponibles para su utilización en posibles procesos de investigación judicial".
El resto de la estructura de garantías de la Ertzaintza sobre los procesos de detención está constituido, en primer lugar, por el protocolo que regula todas las detenciones que se realizan, con aplicación o no de la incomunicación, un sistema de trabajo que está en vigor en todos los centros policiales y que es aplicado a toda clase de delitos desde 2002.
Este protocolo es testado de manera periódica por observadores ajenos a la Ertzaintza para garantizar que todos los requerimientos legales, condiciones y plazos se cumplen en cada paso de la detención (el sistema dispone de la certificación de calidad ISO 9002, otorgada por AENOR).
Mediante este protocolo se garantizan aspectos como el cumplimiento escrupuloso de los plazos para avisar a jueces, fiscales, forenses, abogados o familiares, en espacios temporales de apenas treinta minutos, o se regulan circunstancias como el aseo o la alimentación de las personas detenidas ajustándose a su salud, convicciones religiosas, etc.
"CADA PASO ES FISCALIZADO"
Desde que una persona es detenida e ingresa en una comisaría hasta que es puesta a disposición judicial, cada paso es fiscalizado, registrado e identificados todos los agentes intervinientes en el mismo.
El segundo pilar en esta estructura de garantías lo constituye el control permanente de las actuaciones profesionales de los ertzainas pertenecientes a todas las unidades, agentes cuya identificación está garantizada en todo momento por los protocolos de trabajo, contemplándose la apertura de expedientes disciplinarios contra los funcionarios sospechosos de cometer hechos ilícitos de cualquier naturaleza, aún en ausencia de denuncia penal.
El control interno permanente de las actuaciones de los agentes es realizado por la División de Inspección General de la Ertzaintza, un órgano que cuenta con certificaciones externas que supervisan su correcto funcionamiento y que es el encargado de incoar los expedientes disciplinarios y de su traslado inmediato a la Autoridad Judicial por cualquier infracción penal detectada en el comportamiento de los ertzainas.
El tercer pilar de garantías lo constituyen los procesos de formación y de preparación de los agentes que se realizan en la Academia de Policía de Arkaute, donde la formación en derechos humanos figura en los temarios de estudio, tanto de los cursos de acceso a la Ertzaintza y a las Policías Locales como de los de especialización y ascenso que los ertzainas realizan durante su carrera profesional.
Los temarios utilizados actualmente por la Academia de Arkaute para la formación de los ertzainas han sido facilitados a Amnistía Internacional para la supervisión de sus contenidos y, asimismo, las publicaciones de este organismo de derechos humanos relacionadas con las fuerzas de seguridad y los derechos humanos están permanentemente a disposición del personal y alumnado de la Academia para su consulta, habiéndose solicitado también a Amnistía Internacional por parte de la Academia la impartición de cursos formativos en materia de derechos humanos para el personal docente del centro.