El experto del PP advierte de un "grave conflicto" con el Estado de continuar con un nuevo Estatuto "inconstitucional"

Publicado 02/12/2019 14:58:11CET
Imagen de Jaime Ignacio del Burgo, miembro de l comité de expertos para reformar el Estatuto, en el Parlamento Vasco
Imagen de Jaime Ignacio del Burgo, miembro de l comité de expertos para reformar el Estatuto, en el Parlamento Vasco - EUROPA PRESS

Defiende que "no hay nación vasca que pueda reinvidicar un derecho a decidir" que no cabe en el marco de la Constitución

BILBAO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El experto designado por el PP, Jaime Ignacio del Burgo, denuncia que las propuestas del resto de comisionados para un nuevo Estatuto tienen una "concepción radicalmente inconstitucional" y, advierte de que seguir adelante, sería "el comienzo de un grave conflicto" con el Estado. Por ello plantea una reforma del Estatuto actual y defiende que "no hay nación vasca que pueda reivindicar el derecho de autodeterminación".

Jaime Ignacio del Burgo ha elaborado un voto particular, al considerar que tanto las propuestas formuladas por Iñigo Urrutia, designado por EH Bildu, como las de los comisionados Mikel Legarda, Arantxa Elizondo y Alberto López, nombrados respectivamente por PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE, se fundamentan en una "concepción radicalmente inconstitucional".

Además, ha presentado un texto articulado para una reforma del Estatuto "en el marco de la constitución", si bien ello no significa que sea la propuesta de los populares porque, en el debate político, no tiene intención de presentar ningún documento. Junto a estos documentos, ha elaborado dos estudios de naturaleza histórico-jurídica, uno relativo a los antecedentes del autogobierno vasco y otro que refuta los planteamientos desde el punto de vista de exposición histórica que recoge el Preámbulo del texto presentado por el experto de EH Bildu.

En sus conclusiones, a las que ha tenido acceso Europa Press, Jaime Ignacio del Burgo asegura que el "fracaso" en la Comisión al no haberse alcanzado "el consenso esperado" para una "articulación unánime" evidencia que las bases acordadas entre PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno "llevan en sí mismas el germen de la división y la confrontación".

"GRAVE CONFLICTO DEL ESTADO"

A su juicio, de seguir adelante, será "el comienzo de un grave conflicto" con el Estado, que puede "dar al traste" con el grado de progreso y bienestar del que disfruta el País Vasco".

Jaime Ignacio del Burgo defiende en su voto particular que está "condenado al fracaso" un proyecto político basado en la concepción maximalista del nacionalismo vasco que pretende "decretar la defunción" del Estatuto de Gernika y convertir a Euskadi "en un Sujeto Jurídico-Político soberano".

A su juicio, olvidan que una buena parte de la población vasca se siente, "desde su propia vasquidad, profundamente española" y, además, no quiere dejar de pertenecer a la Unión Europea, ni "romper los vínculos con el resto de España".

Además, denuncia "el atropello radicalmente contrario a la Constitución" de querer "traspasar" al Parlamento y al Gobierno Vasco la titularidad de los derechos históricos de los Territorios Forales en los que, según apunta, se pretende "fundamentar el derecho de autodeterminación de la nación vasca o Euskal Herria".

Jaime Ignacio del Burgo defiende que los propios defensores de la autodeterminación saben que "no puede ejercerse en el marco de la Constitución española salvo que previamente se proceda a su
reforma con el concurso de todo el pueblo español".

DERECHO A DECIDIR

El comisionado del PP defiende que el derecho a decidir es "sinónimo del derecho de autodeterminación" y asegura que las Naciones Unidas consideran que la autodeterminación "tan sólo ha de aplicarse a situaciones coloniales o de opresión claramente definidas como tales".

Jaime Ignacio del Burgo asegura que la doctrina interpretativa de Naciones Unidas circunscribe el derecho de libre determinación a los pueblos sometidos a dominación colonial y añade que la ONU se manifiesta "decididamente contraria a toda actuación que menoscabe la unidad e integridad territorial de los países soberanos".

El experto del PP recuerda que en 1960 la asamblea general aprobó una declaración sobre la concesión de la independencia a países y pueblos coloniales en la que, tras proclamar el principio de que "todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación", se expresaban los límites a su ejercicio y eran que "todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Jaime Ignacio del Burgo afirma que, aunque algunos autores aluden a la supuesta "ambigüedad" de las resoluciones de la ONU, cree que "en la concepción de la ONU la secesión de un territorio integrado en un Estado, nación, pueblo o país soberano, que no haya sido como consecuencia de una situación colonial o de un acto de dominación ejercido contra el Derecho Internacional, carece de amparo a la luz de los Pactos de Derechos Humanos".

En su opinión, ello debería dar por "zanjada" la controversia sobre la legitimidad de plantear en España el derecho a la libre determinación. En este sentido, asegura que "no existe en España ninguna situación de dominación colonial" ni "ninguna discriminación económica, social y cultural que tenga su origen en la dominación política de un pueblo sobre otro".

A su juicio, "sólo el fanatismo y la ceguera" de algunos pueden "inducir a la reivindicación de un derecho basado en una hipotética situación de territorio colonial o en una situación de opresión o dominación política".

Jaime Ignacio del Burgo alude también a que se invoque el "principio democrático", ante la "imposibilidad de reivindicar el derecho a decidir con base en las declaraciones universales de derechos humanos", y afirma que Euskadi nada tiene que ver con Quebec o con Escocia que se ponen "como paradigma".

El experto del PP asegura que, si fuera cierto que existe "una nación llamada Euskal Herria" sería su pueblo quien tendría derecho a exigir la aplicación de ese supuesto principio democrático" y "tendrían que participar en él la ciudadanía vasca, navarra y vasco-francesa".

"¿Acaso puede defenderse con rigor jurídico e histórico que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya son una nación? Su historia lo desmiente", defiende el experto del PP que señala que los tres Territorios "forjaron su personalidad y desarrollaron sus capacidades en el mundo gracias a su pertenencia a la comunidad española".

"NO HAY NACIÓN VASCA"

Por tanto, concluye que "no hay una nación vasca que pueda reivindicar el derecho a decidir, porque la Comunidad Autónoma Vasca, aunque se defina estutariamente como nacionalidad, "dicho término sólo incluye por decisión democrática del pueblo español y del propio pueblo vasco el derecho a la autonomía".

Además, apunta que el "principio democrático" exige respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico constitucional. En concreto, el artículo primero de la Constitución que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español y el segundo que alude a "la indisoluble unidad de la Nación española" y reconoce "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran".

En este sentido, asegura que la disposición adicional que plantea el PNV, donde recoge el derecho a decidir", es "manifiestamente inconstitucional". Además, defiende que no sería posible un "referéndum pactado" con el Estado porque se "cometería una gravísima violación de la Constitución" y solo sería posible "previa reforma" de la Carta Magna.

REFORMA DEL ESTATUTO

Por otra parte, el experto del PP expone que, durante los trabajos de la Comisión, ha expresado "sin éxito" su criterio de abordar una reforma del Estatuto de Gernika, porque considera que es el "punto de encuentro de la ciudadanía vasca".

A su juicio, la reforma del Estatuto es el "camino adecuado" para fortalecer el autogobierno vasco y el de sus territorios forales, afrontando los "cambios necesarios" para hacer frente a nuevos retos como el del cambio climático, la consecución de nuevos objetivos en sanidad, servicios sociales, la educación o la cultura, o la plena igualdad entre hombres y mujeres.

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