La falta de oportunidades para que los niños tomen decisiones dentro del sistema escolar acaba en conflictos escolares

Un equipo de profesores de la UPV analiza el cumplimiento de los derechos de la infancia en los países europeos

Europa Press País Vasco
Actualizado: martes, 6 mayo 2008 19:16

BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha analizado el cumplimiento de los derechos de la infancia en los países europeos y una de sus conclusiones es que la falta de oportunidades para que los niños tomen decisiones dentro del sistema educativo desembocan, frecuentemente, en conflictos escolares, informó la UPV.

En un comunicado, la UPV recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que todas las personas menores de 18 años tienen derecho a ser protegidas, desarrollarse y participar activamente en la sociedad.

En el año 1989, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, un total de 54 artículos basados en los principios de participación, no discriminación, interés superior del niño, supervivencia y desarrollo. En la actualidad, dicha Convención ha sido ratificada por todos los países del mundo, excepto Somalia y Estados Unidos.

La Convención es vinculante, obliga a los países firmantes a respetar lo acordado, y el Comité de los Derechos del Niño se encarga de verificar el nivel de cumplimiento de esos derechos. Para ello, anualmente, dicho Comité examina la legislación de cada país, así como los informes independientes aportados por las ONGs, y elabora recomendaciones sobre los aspectos que cada gobierno debe mejorar.

El equipo de investigadores de la UPV, dirigido por el catedrático Paulí Dávila, se propuso en 2004 analizar la situación de los derechos de la infancia en el continente europeo, tomando como referencia las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño realiza a cada país.

El grupo de investigación pertenece al Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, de modo que han examinado la aplicación de los derechos infantiles desde un punto de vista educativo, analizando hasta qué punto los gobiernos defienden esos derechos en sus políticas.

A pesar de que sólo dos de los artículos, el 28 y el 29, se refieren directamente a la educación, el equipo de Dávila considera que "un profundo conocimiento de la Convención puede mejorar enormemente la labor del educador".

Durante tres años, estos cuatro profesores de la UPV han estudiado la documentación que cada uno de los países europeos ha aportado al Comité de los Derechos del Niño para ver cuáles son sus deficiencias en materia educativa.

Dada la complejidad y las diferencias socio-económicas que existen entre los distintos países, los profesores han creado cuatro grupos: los países incorporados a la Unión Europea en el año 2004, los que ya pertenecían a la UE, los países del este y los pequeños estados.

Para la realización de la investigación se ha aplicado el método de análisis del derecho a la educación, basado en los cuatro conceptos acuñados por Katarina Tomasevski, relatora especial de la ONU para este derecho: asequibilidad (educación pública y gratuita), accesibilidad (se refiere a si los niños realmente pueden acceder a la escuela), aceptabilidad (tiene en cuenta la calidad de las materias) y adaptabilidad (analiza si la escuela se adapta a las necesidades del niño).

Las conclusiones generales de la investigación llevada a cabo en la UPV señalan que, mientras que el concepto de asequibilidad se respeta en Europa, las principales deficiencias se encuentran en materia de accesibilidad.

DISCRIMINACION

Según las investigaciones llevadas a cabo por el grupo de profesores de la UPV la discriminación continúa siendo, hoy en día, el problema más grave en la educación europea, ya que, aunque la mayoría de los gobiernos haya promovido políticas de integración de niños discapacitados, en determinados países no existe un acceso real a la educación por parte de ese colectivo.

El equipo de Paulí Dávila concluye que, en muchos casos las escuelas no están adaptadas a los niños discapacitados, y en ocasiones se encuentran separados en centros específicos, lo cual dificulta su integración.

La discriminación de minorías étnicas, principalmente de la romaní, se encuentra también presente en un amplio sector de Europa, donde se registra una elevada tasa de abandono escolar e incluso muchos niños gitanos ni siquiera acuden al colegio.

En cuanto a la igualdad de género en las escuelas, los investigadores creen que se respeta en gran medida, e incluso han encontrado casos como el de Portugal, donde el número de niñas escolarizadas es mayor que el de niños.

En relación a la aplicación de la disciplina, los profesores de la UPV advierten de que, aunque los castigos corporales estén prohibidos, hay lugares en los que se tiende a ser "permisivo" con el uso de la fuerza sobre los escolares.

Por otro lado, en lo que respecta a la participación, las conclusiones de los investigadores de la UPV apuntan a que la falta de oportunidades para que los niños tomen decisiones dentro del sistema educativo desembocan, frecuentemente, en conflictos escolares.

PROFESORES POCO CONCIENCIADOS

Dentro del continente europeo, el equipo de Dávila considera que España se encuentra bastante avanzada desde el punto de vista legislativo en materia de educación. La mayoría de las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño se refieren a aspectos prácticos, como la discriminación de las minorías o el abandono escolar.

A juicio de estos investigadores, el principal problema de la Convención es el "profundo desconocimiento" que de ella tienen los propios profesores, motivado en parte por su propia falta de interés, como por el sistema, que no incluye los derechos infantiles en la formación del profesorado.

Además, los profesores de la UPV creen que el conocimiento de la Convención no sólo debería abarcar a los educadores, sino también a policías, jueces, asistentes sociales y personal médico, ya que la actividad de esos colectivos afecta directamente a los derechos infantiles.

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