BILBAO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Galdakao (Bizkaia), Ibon Uribe, ha solicitado a Emakunde y al Ararteko sendos análisis "objetivos" sobre la situación de "vulnerabilidad, discriminación e indefensión" creada en el municipio vecino de Etxebarri, como consecuencia de la decisión de no permitir la llegada de la lanzadera del metro hasta la misma estación.
Según Uribe, "en concreto, esta situación de vulnerabilidad afecta de forma muy mayoritaria a las mujeres, contribuyendo a agrandar aún más la existente brecha de desigualdad entre mujeres y hombres".
Esta iniciativa, ha explicado el alcalde, se asienta en los informes elaborados por personal técnico del propio Ayuntamiento de Galdakao y la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia (FEKOOR) sobre hechos "objetivos y fácilmente comprobables".
Uribe ha explicado que esta iniciativa busca "de forma civilizada" que organismos supramunicipales "aporten su opinión y valoración de la situación creada desde el pasado 14 de diciembre alrededor de este servicio".
Tras la reciente reorganización de líneas de autobuses Bizkaibus para toda Bizkaia por parte de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), ha recordado, se ha producido un cambio en la conexión de autobuses de la población de Galdakao con el Metro a Bilbao.
Este cambio ha generado "un fuerte rechazo en el municipio vecino que ha provocado que la parada de autobús, en lugar de hacerse en la dársena habilitada a tal efecto en la propia estación de Metro Bilbao, se haga a más de 700 metros de este punto, en un Polígono Industrial con la afección que esto tiene para cientos de personas que deberían utilizar este servicio cada día", ha explicado.
A su entender, se trata de una decisión de planificación del Ayuntamiento de Etxebarri que "afecta únicamente a vecinos de Galdakao, y que lo hace además sobre la línea de autobuses de Bizkaibus, de competencia foral".
En este sentido, ha recordado que la Diputación ha remitido informe técnico y jurídico "subrayando la extralimitación del Ayuntamiento sobre sus competencias, por lo que el Ayuntamiento dispone de un mes desde la remisión del informe para poder plantear alegaciones".
Uribe ha dicho que este cambio de parada "genera una situación de indefensión para todos los colectivos, pero con especial incidencia en el colectivo de personas con diversidad funcional, al margen de la incidencia de esta decisión sobre el colectivo de mujeres".
