La Diputación Foral de Gipuzkoa y elkartu, con apoyo de la UPV/EHU, valoran "positivamente" el programa y apuestan por seguir ampliándolo
SAN SEBASTIÁN, 2 May. (EUROPA PRESS) -
Gipuzkoa ha consolidado su Programa de Vida Independiente para personas con discapacidad física, creado hace 20 años por la Diputación Foral, que ha servido como apoyo a más de 60 personas con discapacidad, -27 en la actualidad-, para "perseguir y garantizar su derecho a vivir de forma independiente, facilitando la inclusión en la comunidad, evitando el aislamiento, permitiendo su participación plena en todos los aspectos de la vida, evitando el ingreso en los servicios residenciales y facilitando los procesos de emancipación".
La Diputación Foral de Gipuzkoa, la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa, elkartu, y la Universidad del País Vasco han presentado en rueda de prensa la evaluación del Programa de Vida Independiente; un informe elaborado conjuntamente por elkartu y por el personal investigador de la UPV/EHU y que tiene como objetivo principal medir el impacto social, psicológico y económico del programa.
En la presentación han participado la diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, el director de elkartu, Mikel Malcorra, y la decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU, Amaia Inza.
En su intervención, Maite Peña ha calificado el Programa de Vida Independiente como "pionero y fundamental", y ha resaltado que está "anclado" en el sistema de servicios y políticas sociales de Gipuzkoa y que se seguirá ampliando en el futuro.
Tras un recorrido de dos décadas, la evaluación realizada "permite conocer qué se hace bien, qué hay que mejorar, y qué opinan las propias personas con discapacidad". Tal y como ha explicado Peña, en la evaluación han participado 18 personas con discapacidad física, el 66% de las personas que conforman el programa, y la valoración general "es muy positiva".
Así, se ha acreditado que el modelo de vida independiente "garantiza la inclusión social de las personas con discapacidad y una salud emocional equivalente al conjunto de la población, favoreciendo el empoderamiento y la libertad de elección en los diferentes aspectos de la vida". Además, la inversión pública "garantiza un alto grado de reversión económica que contribuye a la eficiencia de las políticas y medidas en materia de discapacidad".
El informe señala también la importancia de seguir impulsando la cooperación entre las instituciones públicas, el ámbito del conocimiento y el tercer sector social. Además, se destaca la participación directa y activa de las propias personas con discapacidad.
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Entre las fortalezas, capacidades y oportunidades, destacan el "enfoque transversal" del programa, la contribución que realiza al "empoderamiento" de las personas con discapacidad, también que contiene la institucionalización de las personas con discapacidad en recursos residenciales, que favorece la construcción de unidades familiares propias y que garantiza la libertad de elección.
A su vez, el programa garantiza los recursos para personas con altos grados de discapacidad, mitiga los costes, y promueve los apoyos basados en los criterios de la personalización, y los cuidados profesionalizados frente a los informales.
El Programa de Vida Independiente, además, supone una "garantía para la inclusión social" y contribuye a cubrir las necesidades básicas del día a día y de la vida en comunidad, así como a mantener "una salud mental adecuada y similar a la de la población general".
También se ha constatado que tiene un efecto mitigador de la brecha de género y cuenta con un alto grado de satisfacción de las personas participantes, así como su compromiso y permanencia en el mismo.
Asimismo, se ha valorado positivamente la consolidación del programa que comenzó siendo experimental, la cercanía del personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y la participación de las personas con discapacidad en la transmisión y divulgación del programa.
Entre las debilidades y dificultades, se encuentran las dificultades puntuales para acceder al programa, la falta de un recurso de apoyo específico, que la cobertura económica sea inferior al coste real de la asistencia personal, que no se realice una evaluación sistemática y que no haya representatividad de personas con bajos niveles de ingresos, jóvenes y del ámbito rural.
Como amenaza, se ha recogido que el programa no forma parte de la Cartera de Servicios Sociales, que haya escaso conocimiento del programa por parte de los Servicios Sociales de Base y de las propias personas con discapacidad, y que no se aproveche su potencial como recurso para el inicio de la desinstitucionalización. También se apunta como riesgo que existe una limitación en el mercado de la oferta de asistentes personales, entre otras cuestiones.
El informe recoge como propuestas y recomendaciones a futuro que el Programa de Vida Independiente pueda ser incorporado en la Cartera de Servicios Sociales, que se promueva el acceso al programa de personas con niveles inferiores de ingresos, de personas jóvenes y de personas que viven en el ámbito rural, y que se impulse el programa como instrumento para los procesos de desinstitucionalización, así como promover el conocimiento del programa entre las personas con discapacidad.
