Gobierno Vasco asegura que el proceso de regularización de migrantes corresponde exclusivamente al Estado

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha asegurado que el proceso de regularización de migrantes corresponde "exclusivamente" al Estado, "sin necesidad de implicación operativa de las comunidades autónomas". Además, ha puntualizado que la materia transferida a Euskadi en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeros "no le convierte en autoridad competente para activar la regularización".

En un comunicado hecho público este miércoles, ante las informaciones publicadas en los últimos días sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras anunciado por el Gobierno de España, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Democrático ha aclarado que "se trata de un proceso de competencia estatal, tanto en su definición normativa como en su eventual aprobación y puesta en marcha".

La Consejería que dirige Nerea Melgosa asegura que el marco general de extranjería e inmigración "corresponde al Estado", de conformidad con el artículo 149.1.2 de la Constitución y con el propio Reglamento de Extranjería vigente.

También recuerda que, desde el pasado 27 de enero, día en el que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el inicio de los trámites de este proceso, el Gobierno Vasco "ha actuado con responsabilidad institucional, voluntad de colaboración y vocación de servicio público".

Según la comunicación oficial del Ministerio, lo anunciado entonces era el inicio de la tramitación de un real decreto y una previsión de arranque de solicitudes "a principios de abril" o "en un plazo aproximado de dos meses, una vez cumplidos los trámites preceptivos", y que "también recogida por distintos medios de comunicación".

En ese contexto, "y ante la ausencia de una norma definitiva", el Gobierno Vasco puso en marcha una campaña informativa provisional para trasladar a la ciudadanía "información comprensible sobre el borrador estatal, advirtiendo en todo momento de su carácter no definitivo y sujeto a cambios".

El Departamento aclara que el objetivo fue "evitar desinformación y falsas expectativas", y ofrecer "un acompañamiento riguroso desde el primer momento". Añade que, posteriormente, el Gobierno Vasco realizó "un análisis técnico" del borrador y formuló alegaciones y propuestas "orientadas a mejorar la seguridad jurídica del proceso, facilitar su aplicación y reforzar la integración social".

Esa actuación se produjo, en su opinión, "dentro de una lógica de lealtad institucional y colaboración con la Administración General del Estado".

Por otra parte, afirma que el 16 de febrero se mantuvo una reunión con el Ministerio en la que el Gobierno Vasco "trasladó su posicionamiento y ofreció colaboración". Según añade, en ese encuentro, el Ministerio "dejó claro" que la regularización extraordinaria sería "un proceso gestionado íntegramente por el Estado, sin necesidad de implicación operativa de las comunidades autónomas". Por ello, apunta que "a partir de ese momento, la actuación del Gobierno Vasco quedó ajustada a ese marco.

Para el Gobierno vasco, "conviene distinguir con claridad entre este proceso extraordinario y otras competencias ejecutivas ya transferidas a Euskadi" ya que, desde julio de 2025, Euskadi ejerce funciones en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras en su ámbito territorial, "pero la legislación aplicable, la autorización de residencia y la tramitación de todas las autorizaciones no transferidas siguen correspondiendo a la Administración General del Estado".

Por lo tanto, tal y como defiende, esa transferencia "no convierte al Gobierno Vasco en autoridad competente para aprobar o activar una regularización extraordinaria". "En consecuencia, el papel del Gobierno Vasco se limita a actuar con rigor institucional: informar con veracidad cuando exista una norma estatal definitiva, analizar su alcance y facilitar a la ciudadanía información fiable, evitando especulaciones o anuncios prematuros", precisa.

Por último, el Gobierno Vasco insiste en que "ha trabajado desde el primer momento con corresponsabilidad, anticipación y lealtad institucional", pero que la decisión, la regulación y la gestión del proceso extraordinario "corresponden exclusivamente al Estado español".

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Democrático asegura que el compromiso del Gobierno Vasco "seguirá siendo el mismo", el de "trasladar información fidedigna cuando exista un real decreto definitivo y hacerlo con la máxima seriedad y responsabilidad pública".