Gobierno vasco dice que cumplirá el auto del TSJPV sobre servicios mínimos, aunque discrepa de la decisión y recurrirá

El Gobierno vasco cumplirá la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que considera "desproporcionados" los servicios mínimos dictados (de entre el 60 y el 70%) para la huelga prevista para este miércoles en el Metro de Bilbao, aunque "discrepe" de la decisión, por lo que la recurrirá.

Para el Gabinete de Patxi López, el auto dictado por los jueces "no ha ponderado suficientemente las circunstancias excepcionales" que concurren durante la jornada de Santo Tomás, por lo que advierte de que "no será factible" atender la demanda.

En un comunicado, Lehendakaritza estima que la resolución judicial "no ha ponderado suficientemente las circunstancias excepcionales que concurren en la jornada de paro de mañana, Día de Santo Tomás, en un servicio público esencial".

No obstante, garantiza que acatará el auto "sin perjuicio de discrepar del auto judicial, contra el que presentará el correspondiente recurso".

Según el Ejecutivo, con los servicios fijados por el TSJPV "no será factible" atender la demanda de transporte público de la jornada "en unas condiciones mínimamente aceptables de calidad y seguridad, como se había previsto con el operativo anterior".

Por ello, ha pedido "disculpas" a los usuarios "que puedan verse afectados, y a la ciudadanía vizcaína en general, por las consecuencias se deriven de esa decisión, ajena a su voluntad".

DÍA DE SANTO TOMÁS

Además, ha responsabilizado a los sindicatos convocantes del paro de "los perjuicios que esta huelga injustificada cause en todos los órdenes de la vida ciudadana" ya que, en su opinión, "de forma deliberada han elegido, de entre todos los días del año, la jornada del año en la que más daño puede causar a los usuarios del transporte público, a los baserritarras y artesanos, y al comercio de Bilbao, con total desconsideración a los momentos de crisis que vive el conjunto de la sociedad".

"Las centrales convocantes han tomado a todos ellos como rehenes del pulso que están manteniendo para intentar controlar una empresa pública que es de todos, invocando unos motivos que tienen dificultades para explicar a la ciudadanía", ha concluido.