VITORIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia, informó hoy de que el Gobierno vasco se encuentra a la espera de que la Fiscalía General del Estado remita a la Fiscalía del TSJPV el expediente de las presuntas irregularidades cometidas en las contrataciones de Osakidetza, donde se decidirá si se inician los trámites o se archiva la causa. Además, anunció que el Ejecutivo no descarta plantear una querella criminal contra personas implicadas en el denominado 'caso Margüello'.
Mendia compareció hoy ante la Comisión de Investigación del Parlamento vasco que analiza el 'caso Margüello', consistente en las supuestas irregularidades en la contratación de determinados servicios sanitarios por parte de la anterior Dirección Territorial de Salud de Bizkaia, realizados durante la época del anterior consejero de Sanidad, Gabriel Inclán.
En declaraciones a los medios de comunicación a la salida de su comparecencia, la consejera recordó que el dictamen realizado por la Comisión Jurídica Asesora (COJUA), el máximo órgano consultor del Gobierno vasco en materia de legalidad, junto con los informes de régimen jurídico, pusieron en conocimiento del Consejo de Gobierno vasco las presuntas irregularidades.
El Ejecutivo vasco decidió remitir a la Fiscalía del TSJPV el pasado mes de mayo las actuaciones administrativas relativas a la autorización de funcionamiento concedida en su día a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, de la que era socio el ex director de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello.
La Fiscalía del TSJPV remitió la documentación a la Fiscalía General del Estado, de forma que el Gobierno se encuentra a la espera de que se vuelva a enviar a la Fiscalía del TSJPV donde, por reparto de turno, entrará al Fiscal que esté de guardia y será quien inicie los trámites o decida el archivo.
INDICIOS "SUFICIENTES"
Mendia explicó que el Gobierno decidió poner en conocimiento de la Fiscalía este asunto al considerar que en los informes jurídicos que obran en poder del Gobierno había "indicios suficientes" de delito y subrayó que "es obligación de la Institución, como de cualquier ciudadano, cuando se tiene conocimiento de la comisión de un delito ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y que sea ella quien decida ir hacia adelante o archivarlo".
Asimismo, informó de que ha comunicado a la Comisión que "independientemente de la puesta en conocimiento de la Fiscalía, y de que el fiscal comience sus actuaciones, en cualquier momento del procedimiento el Gobierno vasco puede plantear una querella criminal contra personas concretas".
En este sentido, aclaró que el Ejecutivo consideró "más adecuado" poner los hechos en conocimiento del fiscal y que fuera este quien estimara si hay indicios o no y decidir si abre la causa, aunque insistió en que esto "no quiere decir que el Gobierno renuncia a acudir a otras vías jurídicas posteriormente".
Respecto a las declaraciones del doctor José Carlos Margüello, quien aseguró que se ha visto envuelto en una "guerra política", Mendia defendió que sus actuaciones han sido "puramente de asesoramiento jurídico, nunca político". "No hay persecución política sino obligación de cualquier ciudadano de poner en conocimiento de la autoridad cuando se cree que hay indicios de delito", concluyó.