El Gobierno Vasco presenta su ley para reforzar las "garantías" ciudadanas ante las sanciones administrativas

El Gobierno Vasco presenta su ley para reforzar las "garantías" ciudadanas ante
PARLAMENTO VASCO
Publicado 03/04/2019 17:07:48CET

El proyecto prioriza los instrumentos restaurativos frente a los "meramente punitivos"

VITORIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Gobernanza Pública y de Autogobierno, Josu Erkoreka, ha defendido en el Parlamento autonómico el proyecto de ley que regula la capacidad sancionadora de las administraciones públicas de Euskadi, con el que se pretende reforzar las "garantías" de los ciudadanos durante los procesos sancionadores de los que puedan ser objeto.

Erkoreka ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia del Parlamento Vasco, en la que ha presentado el Proyecto de Ley de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de Euskadi, aprobado el pasado 27 de noviembre por el Gobierno autonómico.

En su intervención, el consejero ha defendido la necesidad de establecer normas que regulen la capacidad sancionadora de los poderes públicos, dado que sin las debidas "garantías" normativas, estos pueden incurrir en la "arbitrariedad".

A través de este texto se pretende derogar la anterior ley, que data de 1998, adaptando la normativa a los cambios sociales e institucionales ocurridos en los últimos 20 años. Erkoreka ha detallado que el nuevo texto normativo "es más garantista" y simplifica los procesos sancionadores. Además, el proyecto está inspirado en los principios y valores de los sistemas restaurativos, frente a los regímenes "meramente punitivos y sancionadores".

El objetivo del proyecto es dar mayores garantías a la ciudadanía durante los procesos sancionadores que puedan abrir el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos de Euskadi.

Erkoreka ha recordado que Euskadi es de las pocas autonomías en el Estado que tiene regulada la potestad sancionadora de los tres niveles institucionales, y la única que tiene regulada esta cuestión a través de una ley.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La futura ley tiene 45 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y dos disposiciones finales. El proyecto regula el procedimiento de todas las infracciones administrativas, salvo las expresamente excluidas: sanciones de tráfico y seguridad vial, sanciones tributarias, aduaneras, procesos disciplinarios al funcionariado o incumplimiento de contratos con la administración, entre otras.

A través de este texto, se creará un procedimiento sancionador único y simplificado tipo para todas las administraciones, lo que facilita el trabajo de los operadores jurídicos, que evitarán tener que acudir a cada ley sectorial para analizar el procedimiento necesario para cada sanción.

La nueva ley regula todos los aspectos de la sanción, como la determinación de las personas responsables, las causas de exención de la responsabilidad, las circunstancias modificativas de la responsabilidad o la determinación de las sanciones y decomisos.

También se regulan las indemnizaciones, el fraccionamiento, suspensión, reducción, sustitución, prórroga o prescripción de la sanción, las medidas cautelares, la extinción de responsabilidades o la conmutación de la sanción.

NOVEDADES

El texto se inspira en el derecho penal para trasladar el proceso sancionador al derecho administrativo. Entre sus novedades, destaca el artículo séptimo, que protege a las personas menores de edad y a las que padecen discapacidad ante los procesos sancionadores.

La norma apuesta por el carácter educativo o reformador de la sanción frente a lo meramente sancionador y punitivo. Así, cuando la persona menor de edad o con discapacidad cometa una infracción administrativa, las administraciones públicas deberán tener en cuenta el interés superior a proteger y, por ejemplo, proponer alternativas a la sanción, como actos de conciliación o reparación entre las personas infractoras y sus víctimas.

Otra de las novedades es la actualización de la terminología jurídica del texto en euskera. El proyecto incluye una disposición adicional y una disposición final primera para utilizar un euskera "más claro, comprensible y adaptado al uso", con el objetivo de que las personas que lo deseen puedan ejercer su derecho a realizar todo el procedimiento sancionador en euskera.

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