El Grupo del PP en Vitoria acusa al ejecutivo local de abonar 54.520 euros por un informe "antes de recibirlo"

VITORIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del PP en Vitoria denunció hoy que el Gabinete Lazcoz "abonó 54.520 euros de un estudio de organización del Servicio de Policía Local, al menos diez meses antes de recibirlo", según informó la concejal popular en el Consistorio de la capital alavesa, Marian Castellanos.

La edil señaló que "el Gobierno de Lazcoz adelantó el pago de dicho estudio a la empresa adjudicataria del contrato, sin justificar la expedición de la factura, ni la fecha de abono". "En las fechas en las que se efectuó el pago, la firma no había realizado aún la entrega del estudio al Ayuntamiento y, de hecho, a día de hoy, no sabemos si se ha recibido", afirmó la concejala 'popular'.

Castellanos explicó que el Gobierno municipal firmó un contrato el 17 de noviembre de 2008 para la realización de un estudio de revisión del modelo organizativo del Servicio de Policía Local. "Según el pliego de condiciones, la empresa adjudicataria se comprometía a la ejecución del estudio en un plazo de 4 meses y el precio del contrato sería de 54.520 euros, pago que se efectuaría a la entrega del estudio", añadió la concejal.

Según las condiciones del contrato, la empresa debería haber hecho entrega del estudio al Ayuntamiento en el mes de marzo de 2009. A este respecto, la concejala de PP afirmó que "con fechas 28 de febrero de 2009 y 3 de abril de 2009 fueron abonadas dos facturas por parte del Ayuntamiento por un importe total de 54.520 euros, sin que la institución municipal hubiera recibido aún el estudio encargado, de hecho, a día de hoy ni siquiera se sabe si el estudio ha sido entregado ya al Consistorio de Vitoria".

La concejal explicó que el pasado mes de noviembre, el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Vitoria solicitó un informe jurídico a la Secretaría General del Pleno sobre los pasos efectuados por parte del Gobierno de Lazcoz en relación a este estudio.

El informe fue emitido por la Secretaría General del Pleno el pasado 21 de diciembre de 2009. En él se ponía de manifiesto que "la ejecución no se había ajustado a las cláusulas pactadas, habiéndose incurrido en irregularidades en cuanto al plazo de ejecución y en cuanto a la fecha de pago de los trabajos contratados", destacó Castellanos.

Según dicho informe, "no se ha ajustado a las cláusulas pactadas, incurriendo en irregularidades en cuanto al plazo de ejecución, ya que la adjudicataria se ha demorado desde el 17 de marzo sin acuerdo de prórroga o modificación y en cuanto a la fecha de pago de los trabajos contratados, que se ha anticipado en varios meses a la entrega de los trabajos".