Las instituciones forales deberán devolver 130,5 millones y el Gobierno vasco 304,5 millones, el 2,5 por ciento de su presupuesto
BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco y las diputaciones asumen que no cabe recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Euskadi a devolver 435 millones del IVA correspondiente a los autómoviles importados por el fabricante Rover desde 1990 a 2005, por lo que se intentará que sea una devolución a plazos y que ninguno de ellos se tenga que materializar este año, según han informado fuentes del Ejecutivo autónomo a Europa Press.
Éstas son las conclusiones a las que se ha llegado en la reunión de urgencia que ha convocado el consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Carlos Aguirre, que ha citado a los tres diputados de Hacienda para evaluar la situación.
Esa reunión fue convocada después de que la Diputación de Álava se pusiera anoche en contacto con el consejero de Hacienda, Carlos Aguirre, para comunicarle la decisión del Tribunal Supremo.
En ese encuentro, se ha constatado que no hay posibilidad de recurrir la decisión del Tribunal Supremo y se ha analizado el impacto de la devolución del IVA cobrado y estudiar las fórmulas que "minimicen su repercusión" en las cuentas de cada una de las administraciones.
CÁLCULOS
Los responsables de las haciendas forales y del Gobierno vasco han realizado un cálculo en el encuentro del efecto para cada una de las instituciones. En concreto, la devolución que debe efectuar Álava supone casi el 5 por ciento de su presupuesto para este año, mientras que en Gipuzkoa y en Bizkaia sería en torno al 1 por ciento.
En total, las instituciones forales deberían devolver 130,5 millones y el resto (304,5 millones) correspondería al Gobierno vasco, que supondría un 2,5 por ciento del presupuesto de 2010.
En la reunión, el consejero vasco de Hacienda ha propuesto intentar una devolución a plazos para tratar de "minimizar los daños" a las haciendas, porque se asume que "repercusiones va a haber en cualquier caso".
"Lo mismo que Álava aceptó un cobro a plazos, vamos a pretender que esa devolución también sea a plazos. Se intentará que sea una devolución con plazos, lo más retrasados y fraccionados posibles", han añadido.
Asimismo, la pretensión es que esa devolución a plazos no se tenga que empezar a realizar en 2011, sino que sea, a partir de 2012 cuando se cumpla con lo establecido por la sentencia del Tribunal Supremo. "La encomienda es que se aplace a sucesivos ejercicios", han precisado.
Esa petición tendrá que ser trasladada por la Diputación de Álava por ser la institución directamente afectada por la sentencia del Tribunal Supremo, y que es la que se encargará del proceso negociador con el Gobierno del Estado. "Es un asunto de dos partes, tanto para el cobro como para la devolución, esto lo tiene que negociar la Diputación de Álava", han añadido las mismas fuentes.
No obstante, el Gobierno vasco le ha ofrecido a la institución foral alavesa todos los apoyos que estén "en su mano" para facilitar esa negociación.
