SAN SEBASTIAN, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales de Gipuzkoa dio luz verde hoy, con los votos a favor de los grupos junteros de PSE, PNV y Hamaikabat, mientras que EB, Aralar y PP votaron en contra, al Informe de la Ponencia de esta Cámara sobre el sistema de gestión de carreteras a implantar en el territorio, que aboga por establecer peajes en las principales vías del territorio histórico.
El texto aprobado hoy, que deberá ser ratificado por el Consejo de Diputados, apuesta por la implantación de un canon en las carreteras de gran capacidad de Gipuzkoa, que serviría para financiar la construcción de infraestructuras viarias, así como la puesta en marcha de descuentos o desgravaciones para los usuarios guipuzcoanos de las mismas.
En el debate de la Comisión de Infraestructuras previo a la ratificación del documento, el juntero del PP en las Juntas de Gipuzkoa, Iñigo Manrique, censuró hoy que el único objetivo de esta medida, que al parecer afectaría en un primer momento sólo a camiones, es "el afán recaudatorio de la Diputación" que "sólo persigue preservar el equilibrio económico de Bidegi y no está diciéndoles toda la verdad a los guipuzcoanos".
A su juicio, "se ampara en una falsa obligatoriedad, utilizando argumentos medioambientales y de conservación de las infraestructuras para implantar peajes", cuando la verdadera motivación es "la situación económica generada por el escaso tráfico que tiene la AP-1".
Además, opinó que el sistema de descuentos que se plantea en el texto aprobado "no tiene una base legal, es ilegal, en la medida que contradice la legislación comunitaria sobre competencia", según la cual "los peajes y las tasas se aplicarán sin discriminación directa o indirecta por razón de la nacionalidad del transportista o del origen o destino del vehículo".
"La implantación de peajes en la coyuntura económica actual es del todo inoportuna porque afecta al transporte, que es un sector estratégico en Gipuzkoa, y también a la empresa, al empleo y, en general, a todos los guipuzcoanos", afirmó.
Frente a ello defendió un modelo "alternativo" basado en "la negociación de convenios con otras administraciones, la revisión de la ley de Aportaciones y la reducción significativa del peaje de la AP-1".
Por su parte, la portavoz del grupo juntero del PNV, Aintzane Oiarbide, aseguró que la Diputación busca lograr "un equilibrio territorial entre todos los guipuzcoanos". De este modo, destacó que "una de las grandes prioridades es solucionar los problemas de tráfico que tenemos en la N-1". En este sentido, abogó por que sea "el tráfico de paso el que sea partícipe en la financiación de nuestras carreteras, cosa que actualmente no se consigue en gran medida".
Además, reclamó a los partidos que no aprobaron las conclusiones de esta Ponencia que "aparquen sus discursos demagógicos y populistas, y trabajen para conseguir el equilibrio territorial entre todos los guipuzcoanos", al tiempo que recordó que "aplicando el nuevo sistema que incluirá la N-1, existirá la posibilidad de bajar las actuales tarifas de la AP-1 y AP-8, en pro del equilibrio territorial".
Desde EB su juntera Arantza Gonzalez lamentó que el Informe aprobado "apuesta por la construcción de más vías de alta capacidad y terceros carriles" y "no muestra una voluntad política firme a favor del transporte público".
A su juicio, la aprobación de este documento por parte del PNV, Hamaikabat y el PSE, supone "la perpetuación de un modelo de movilidad completamente insostenible, tanto económica como medioambientalmente, y que ha llevado a Gipuzkoa al colapso permanente".
A pesar de que afirmó que su formación comparte con las citadas conclusiones "la necesidad de que el tráfico de mercancías de paso contribuya al mantenimiento" de las infraestructuras viarias de alta capacidad de Gipuzkoa, censuró que "se sigue apostando por el tráfico por carretera, tanto de las personas como de las mercancías, en lugar de fomentar el uso ferrocarril o el transporte público, en general".
"DUDAS"
En ese sentido, mostró "serias dudas" de que parte del dinero recaudado por los peajes "se vaya a destinar a la mejora del transporte público, ya que, el último punto de la ponencia es totalmente contradictorio".
Según explicó, se habla de "destinar parte del peaje a nuevos modos de transporte público de viajeros, pero, en primer lugar, se afirma que se tiene que mantener el objeto social de Bidegi, que es la participación de los usuarios en la financiación y el mantenimiento de las carreteras".
"El objeto social de Bidegi no permite destinar este dinero a transporte público, sino únicamente a las carreteras, por lo que no entendemos qué es lo que se pretende y eso nos hace sospechar sobre cuál será en realidad la finalidad de esta recaudación", concluyó.
