Las Juntas de Gipuzkoa aprueban por unanimidad constituir una comisión de investigación sobre el caso de Víctor Bravo

SAN SEBASTIAN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron hoy por unanimidad la creación de una comisión de investigación para analizar las posibles responsabilidades políticas en el caso de la denuncia presentada por la Fiscalía de Gipuzkoa contra el ex director de la Hacienda Foral, Víctor Bravo por haber permitido presuntamente que la sociedad catalana Glass Costa Este Salou S.L., de la que era socio, se acogiese a beneficios fiscales reservados a sociedades radicadas en territorio guipuzcoano.

La denuncia de la Fiscalía afecta también como imputados a cinco personas más, entre los que se encuentran el funcionario de la Diputación de Gipuzkoa Rufino Eizaguirre y la ex presidenta del Tribunal Económico Administrativo Foral de Gipuzkoa, Arantza Arbelaiz, por delitos contra la Hacienda Pública, de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y cohecho.

Los hechos denunciados en julio consisten en la presunta comisión por parte de la sociedad Glass Costa Este Salou S.L., con sede en Cambrils, de un fraude a la Agencia Tributaria a través de la obtención de beneficios fiscales recogidos en la normativa foral guipuzcoana del Impuesto de Sociedades, mediante el establecimiento de un domicilio fiscal falso en Gipuzkoa.

Para ello, se valieron de la simulación del domicilio personal del administrador de la citada sociedad y su esposa en territorio guipuzcoano "para la que resultó indispensable la ayuda de Víctor Bravo y de su cónyuge Arantza Arbelaiz", según señala el Fiscal en su denuncia. La Fiscalía estima en 2,15 millones los perjuicios económicos causados por los imputados a la Hacienda del Estado en el Impuesto de Sociedades.

Todos los grupos coincidieron en la necesidad de depurar las responsabilidades políticas de este caso que vuelve a poner a la Hacienda guipuzcoana "bajo sospecha" y evitar que casos como éste se repitan. A su juicio, además, se estaría "dañando la institución del concierto económico al utilizar la fiscalidad diferente de la que dispone Gipuzkoa para defraudar presuntamente a la Agencia Tributaria del Estado".

DEPURAR RESPONSABILIDADES

En su intervención, el portavoz socialista, Julio Astudillo, --que previsiblemente presidirá la Comisión de investigación--, subrayó la necesidad de "dilucidar las eventuales responsabilidades" para que "paguen políticamente quienes tengan que pagar" y se preguntó si "habremos tocado fondo?" y si "¿esta es la base del iceberg, o es la punta?". Además, Astudillo manifestó la voluntad del PSE de ir "hasta el final" con "seriedad y rigor, pero también con firmeza".

Por su parte, el portavoz del PNV, Asier Aranbarri, consideró que es "el momento de actuar con responsabilidad" por lo que pidió al resto de grupos políticos que "dejen de lado los intereses partidistas". Tras reiterar su intención de "ante el fraude fiscal tolerancia cero, caiga quien caiga", instó al resto de formaciones a que "utilicen el mismo rasero a la hora de investigar todos los casos de corrupción, ya sea el caso Glass, Gurtel, Camps o Palma, puesto que ahí está la base de la credibilidad de los partidos políticos".

Por su lado, el juntero del PP Juan Carlos Cano manifestó su convicción de que "no va a ser el último capítulo de este nuevo affair en el que el PNV una vez más ha estado en Babia durante años" y sospechó que, al igual que en el caso de la Hacienda de Irun, se pretende concentrar y limitar los daños a la figura de Víctor Bravo".

Además, consideró necesario "desentrañar" todo el sistema para poder concluir "si estamos analizando el vértice de la pirámide de la trama, si esta es la única y si hay otras conexiones personales o empresariales con otros affairs, por ejemplo, el curioso sistema de inversiones inmobiliarias al que fue arrastrado Kutxa".

El portavoz de Hamaikabat, Joxean Rekondo, se preguntó si la aparición de un caso como este perjudica al prestigio de la Hacienda y al sistema fiscal guipuzcoano y su respuesta es "no" porque cuando la Hacienda foral "manifiesta capacidad de descubrir, anular y penalizar redes de fraude muestra que cumple la función que se espera de ella de firmeza y eficacia". Además, consideró que la comisión de investigación no deberá "entorpecer ni cuestionar por protagonismo partidista la investigación administrativa y penal".

Las formaciones que componen el grupo mixto coincidieron en reclamar que se llegue "hasta el final" en la investigación. La portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, reclamó que se ponga fin a "los tiempos de impunidad, de chiringuitos y al convertir Gipuzkoa en paraíso fiscal para las empresas", mientras que el portavoz de EB, Mikel Izagirre, pidió que se tomen "cartas en el asunto" y no queden "cabos sueltos" como en la comisión anterior. El juntero de Alternatiba Jon Lasa remarcó la "gravedad de los hechos que van a ser objeto de investigación" y destacó la importancia de esclarecer "la forma" en la que se produjeron.

COMISION

La comisión de investigación probablemente se constituirá la semana próxima y estará compuesta por una persona representante de cada grupo juntero. Una vez constituida, se elegirá por mayoría simple un presidente y una secretaría de dicha Comisión que deberá ser designada por la Mesa y que deberá recaer en el letrado de la Cámara. La comisión tiene un plazo de seis meses para desarrollar su trabajo y elaborar las conclusiones, que serán debatidas en Pleno.

Finalizada la sesión plenaria, el diputado de Hacienda, Pello González, insistió en la necesidad de trasladar a la ciudadanía el "clima de tolerancia cero" contra el fraude y aseguró que su departamento trasladará toda la información que ha ido procesando en estos dos años a la Comisión "sin ningún tipo de tapujo" para que sirva a la labor de la misma.

Asimismo, abogó porque en el seno de la citada comisión se de un consenso y puedan ponerse "los medios oportunos para que nadie tenga tentaciones de hacer algo similar". Tras señalar que seguirán trabajando y colaborando con la Fiscalía, no quiso desvelar si hay nuevos casos con indicios delictivos para no interferir en el secreto de la comisión y la investigación. Finalmente, reconoció que en algunos casos "los procesos se eternizan" en los juzgados por las garantías jurídicas que tienen los acusados.