VITORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), ha propuesto que el Gobierno vasco incremente en 50 euros el complemento que, a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), perciben en Euskadi los pensionistas con ingresos más bajos, ya que esta medida les ayudaría a poder pagar la factura del suministro eléctrico.
Maroto, en una rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Vitoria, ha anunciado este lunes que presentará esta propuesta a través de una proposición no de ley en el Parlamento vasco, en el que ocupa uno de los escaños del PP.
El alcalde de la capital alavesa ha insistido en el "fraude" existente en las ayudas sociales, un problema que supone algo menos de un 1,6% del presupuesto de la RGI y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), según datos del Gobierno vasco.
Javier Maroto ha asegurado que, si se evitara "el fraude y el abuso" en estas prestaciones, podría financiarse la propuesta de incremento de los complementos de pensiones que plantea, cuyo coste ha cifrado en 10,2 millones de euros.
El Gobierno vasco, a través de la RGI, complementa las pensiones que abona el Gobierno central. De esa forma, los pensionistas a los que el Ejecutivo central abona menos de 700,15 euros al mes, ven complementados sus ingresos hasta alcanzar dicha suma. En el caso de las familias de dos miembros, esta cifra es de 875,19 euros, y en el de las familias de tres o más miembros, de 945,20 euros.
"VOLUNTAD POLÍTICA"
Maroto ha dicho que esta medida puede ponerse en marcha de manera "el próximo mes", mediante la modificación del decreto actualmente vigente. "Es solo cuestión de voluntad política", ha asegurado. Según ha explicado, el aumento de este complemento ayudaría a muchas personas a poder pagar el recibo del suministro eléctrico.
El alcalde ha asegurado que esta propuesta es independiente de la modificación de la normativa sobre la RGI que ha impulsado, en la que se plantea retirar estas ayuda a todas las personas en situación administrativa irregular, así como a quienes no lleven diez años empadronados en Euskadi o a quienes no hayan cotizado nunca a la seguridad social, entre otros colectivos.