Mendia cree clave la respuesta de los jueces para proteger a las familias ante el cobro íntegro de la deuda hipotecaria

BILBAO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, cree "clave" la respuesta del ámbito judicial para proteger "el interés" de las familias frente el cobro íntegro de la deuda hipotecaria por el banco. Además, ha considerado que ya se están produciendo "valientes respuestas a situaciones límites" por parte de los jueces y ha abogado porque aumente la protección.

Mendia ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la jornada titulada "los retos del derecho respecto a la crisis económica y su repercusión en las familias", celebrada en el Colegio de Abogados de Bizkaia, dentro de los actos del 125 aniversario del PSE-EE.

La titular de Justicia ha destacado que se asiste en los últimos años a "un renacimiento de la conciencia social de la ciudadanía frente al fenómeno de la crisis económica", y ha recordado que la ciudadanía "se organiza y reivindica un espacio de protección, fundamentalmente de la Administración y del Poder judicial, especialmente en el sector de la concesión de créditos hipotecarios".

Tras señalar que se trata de una "reivindicación que ni la Administración ni los partidos políticos" pueden "pasar por alto", ha emplazado a "estudiar y analizar en profundidad, tanto en sus orígenes como en sus consecuencias", para "abordarla y plantear soluciones".

"Porque detrás de los créditos hipotecarios fallidos hay una entidad financiera, pero también hay personas. Y a veces hombres, mujeres, familias que se han quedado en el paro, de forma que el abismo no hace sino ensancharse cuando deviene un problema añadido con los créditos hipotecarios", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que las familias "han venido asistiendo a una permanente reducción de los ingresos como consecuencia de la crisis económica y a una puesta en peligro del bien que más cuesta adquirir a una familia media: la vivienda".

A su juicio, "la posibilidad de quedarse sin vivienda está generando la mayor conflictividad, tanto desde el sector público como desde el privado", y ha apuntado que ello "tiene un reflejo en la sociedad".

Idoia Mendia cree que "la actuación de algunos jueces está permitiendo encauzar -que no resolver- este problema creciente de la conflictividad social", al responder "valientemente a los problemas que se les plantean, básicamente por la ejecución de una hipoteca que las familias no pueden abonar en algún momento por muy diversas causas o por la imposibilidad, en general, de seguir abonando las cuotas".

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA

La representante del Gobierno vasco ha manifestado que esta situación, "a veces angustiosa, tiene relación con el momento en que una familia no puede hacer frente a los pagos de la hipoteca por una situación sobrevenida de falta de ingresos, una realidad que se prolonga en el tiempo y que provoca el impago de las cuotas de la hipoteca a la entidad financiera, lo que deriva en un procedimiento de ejecución hipotecaria instado por la entidad bancaria".

En esta línea, ha recordado que, en el seno de este procedimiento de ejecución, "y tras la bastante habitual declaración desierta de la subasta", se procede a la adjudicación de la vivienda a la entidad bancaria por un valor "muy inferior al de mercado, en muchas ocasiones por el 50 por ciento del valor de tasación para subasta del bien".

Por ello, lo considera "un problema de primer orden, que afecta al núcleo familiar y que, en momentos de crisis", como éste, "puede, junto a la pérdida del empleo, colocar a las personas en situaciones límite".

"Es entonces cuando el derecho constitucional a una vivienda digna o el derecho al trabajo se ponen frente al espejo deformado de una realidad ajena al espíritu del constituyente, una foto fija en blanco y negro producto de la crisis y de la zozobra financiera internacional reinantes. Y más si las economías nacionales son deudoras de un modelo de crecimiento basado en el ladrillo", ha indicado.

RESPUESTA DEL MUNDO JUDICIAL

Mendia ha dicho que, "por eso, las respuestas desde el mundo judicial, muchas veces, son claves para tratar de evitar males mayores", y ha subtrayado que recientemente ha habido "varias valientes resoluciones de jueces de toda España que, de una u otra forma, han justificado esta situación con una clara finalidad social de permanencia o supervivencia de las familias, resoluciones que marcan una nueva tendencia en el poder judicial".

"Probablemente, aún es pronto para saber si se irán confirmando en el futuro o son manifestaciones esporádicas de jueces con especiales convicciones personales, pero, en todo caso, están creando interesantes expectativas en la sociedad", ha apuntado.

Asimismo, ha precisado que "la jurisprudencia es contradictoria y no aporta soluciones unívocas a este problema", y en este contexto, se ha referido al hecho de que, en dos ocasiones, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estella ha estimado que "la entrega del bien hipotecado a la entidad bancaria supone de por sí la liquidación de la deuda, si el bien, en su tasación inicial avalada por la entidad bancaria, excedía el valor de la deuda por la que se interpone la ejecución hipotecaria derivada del impago de la misma".

"Esta solución fue amparada tras el recurso de apelación correspondiente por la Audiencia Provincial de Navarra, aunque, en un caso muy similar, la Audiencia Provincial ha optado por otra solución", ha manifestado.

La consejera ha recordado que esta interpretación "se ha reiterado recientemente" por el Juzgado de Primera Instancia número 44 de Barcelona, "que establece un razonamiento muy sencillo, pero, a la vez, muy atrevido, al aclarar que el banco ingresa en su patrimonio, como consecuencia de la ejecución hipotecaria, un valor económico de la vivienda que es realmente el de mercado, y no el de adjudicación, y por eso, no puede continuar la ejecución al haberse extinguido de facto la deuda con el valor mencionado, que la cubría holgadamente".

"A través de estas valientes respuestas a situaciones límite, los jueces han avanzado en la línea de proteger el interés de la familia frente al cobro íntegro de la deuda por el banco. Y parece, sin duda, una actuación progresista, una forma de no mirar para otro lado ante un problema como vemos de primer orden", ha remarcado.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

También ha aludido al hecho de que el titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell haya pedido al Tribunal Constitucional que analice "la posible inconstitucionalidad de las ejecuciones hipotecarias", ya que estos procesos impiden analizar la posible nulidad de esos préstamos o su potencial "carácter abusivo", al no permitir entrar a analizar la validez del contrato y estar constituidos como procedimientos "cuasiautomáticos de pura ejecución".

Idoia Mendia también ha hablado de las denominadas "cláusulas suelo" de las hipotecas o intereses, "que se convierten en límite mínimo para la devolución del crédito hipotecario por las familias", y ha estimado "muy destacable" la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla de 30 de septiembre de 2010.

En este sentido, ha destacado que la resolución judicial defiende "la consideración de las 'cláusulas suelo' en las hipotecas como "impuestas" al particular en la contratación del crédito hipotecario, que deben ser consideradas como abusivas al no haber sido pactadas con él y favorecer sólo a una de las partes en la contratación y no ser objetivo fundamental del contrato, estando dirigidas a la garantía de no disminución por debajo de un porcentaje de los tipos de interés bancarios".

Por ello, cree que estas decisiones "constituyen un panorama de protección del ciudadano que debe ser incrementado y que, probablemente, lo será en los próximos años".