VITORIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley de Puertos y Transportes Marítimo de Euskadi, que regula la actividad de este sector, así como las sanciones y las labores de inspección y control en el ámbito portuario. El texto ha salido adelante con el apoyo del PNV, el PSE-EE y el PP, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos han votado en contra de unas partes del texto y se ha abstenido en otras.
La ley, aprobada por el pleno del Parlamento autonómico, afecta a los 15 puertos de Euskadi cuya titularidad reside en el Gobierno Vasco: Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Zumaia, Deba, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, Ea, Elantxobe, Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia.
Los puertos de Bilbao y Pasaia son de titularidad estatal, al estar considerados infraestructuras de interés general, por lo que no se verán afectados por la futura normativa autonómica.
En el texto se recoge la modificación del régimen jurídico de Euskadiko Kirol Portuak (EKP), el organismo público que gestiona los puertos deportivos y recreativos de la comunidad autónoma. Esta entidad, que en la actualidad es una sociedad anónima pública dependiente del Ejecutivo vasco, se convertirá en un ente público de derecho privado.
La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, en declaraciones a los periodistas tras la aprobación de la ley, ha destacado que el texto garantiza el carácter público de la gestión portuaria, al mismo tiempo que se permite una mayor "flexibilidad" y "eficiencia" en el sector.
LEY "MUY NECESARIA"
Tapia ha agradecido de forma "especial" la disposición del PP para apoyar la ley, sobre la que ha destacado que era "muy necesaria", dado que Euskadi carecía de una norma de este tipo, pese a tener la competencia sobre la mayoría de sus puertos desde hace más de 30 años.
La ley establece los regímenes de planificación, ordenación, explotación, construcción, ampliación, reforma y mantenimiento de los puertos, así como de prestación de los servicios portuarios, y el acceso y uso de los mismos. Además, regula la gestión del dominio público portuario competencia de la comunidad autónoma y establece su régimen de uso.
El texto establece la regulación del régimen económico-financiero derivado de la utilización del dominio público portuario y de la prestación de servicios portuarios. También regula la actividad de transporte marítimo de pasaje, de mercancías y mixto de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
RÉGIMEN SANCIONADOR
Asimismo, se incluye un régimen sancionador en el dominio público portuario autonómico, así como las potestades de inspección y control correspondientes a la Administración portuaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La ley pretende garantizar las condiciones de accesibilidad en las instalaciones portuarias y marítimas, así como en sus espacios y usos.
El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria se ha felicitado por la aprobación de la ley, sobre la que ha destacado que ofrece "estabilidad" y garantías de "futuro" al sector. Además, y al igual que han hecho los socialistas y la propia consejeras, ha agradecido el apoyo del Partido Popular al texto.
El representante del PSE-EE Eneko Andueza ha subrayado que eta es una ley aprobada a través de "el acuerdo y el consenso", y que las medidas en ella recogidas permitirán una gestión "más eficaz y racional" de los puertos.
Antón Damborenea, del PP, también se ha felicitado por la aprobación de una ley que, según ha manifestado, permitirá que las instalaciones portuarias sean gestionadas de forma "más eficiente".
TRANSFERENCIA "INMEDIATA"
Por el contrario, la parlamentaria de EH Bildu Maider Otamendi ha censurado que, pese al cambio de su régimen jurídico, Euskadiko Kirol Portuak seguirá siendo "un chiringuito". Además, ha lamentado que la ley no afecte a los dos principales puertos de Euskadi (Bilbao y Pasaia), y ha reclamado al Gobierno Vasco que exija que la competencia sobre ambos sea transferida a Euskadi de forma "inmediata".
Desde Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra ha lamentado que, pese a la aprobación de algunas de sus enmiendas, la ley sigue sin garantizar de forma suficiente "el control público" de los puertos y la "transparencia" en su gestión, ni tampoco la "seguridad" de las personas que trabajan en ellos.