El Pleno ha debatido sobre la protección de las personas que residen en viviendas de alquiler - JOSU CHAVARRI-PARLAMENTO VASCO
VITORIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los grupos del Parlamento Vasco han mostrado este jueves sus diferencias sobre la forma de reforzar la protección de las personas que viven de alquiler, en un debate marcado por las alusiones al caso de Maricarmen Abascal, fallecida este pasado miércoles a los 87 años tras haber sido desahuciada de la vivienda en la que había residido durante 71 años en Madrid.
El Pleno del Parlamento Vasco ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de Sumar, cuya iniciativa --al igual que las enmiendas de EH Bildu y PP-- ha sido rechazada, y en su lugar ha salido adelante la enmienda de totalidad de PNV y PSE-EE.
La proposición no de ley de Sumar ha sido rechazada con 43 votos en contra (PNV, PSE, PP y Vox) y 27 a favor (los de la propia coalición progresista y EH Bildu).
En la justificación de su iniciativa, Sumar recordaba que en Benta Berri (Donostia-San Sebastián) existen 510 VPO en régimen de alquiler construidas a finales de la década de 1990 sobre suelo público, mediante la constitución de un derecho de superficie por un periodo de 75 años. Estos pisos fueron adquiridos en 2018 por una sociedad vinculada al fondo Blackstone, y su calificación protegida finalizará en noviembre de 2028. A partir de ese momento, podrían quedar fuera del régimen de protección pública, con libertad para incrementar las rentas, no renovar los contratos o destinarlas al mercado libre.
Ante esta situación, Sumar proponía instar al Gobierno Vasco a aprobar y remitir al Parlamento, en el plazo máximo de un mes y solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia, un proyecto de ley de modificación de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.
La coalición planteaba que el proyecto de ley estableciera que todas las viviendas de protección oficial calificadas en régimen de arrendamiento cuyo periodo de protección permanezca vigente en la fecha de entrada en vigor de la reforma, quedaran sometidas a un régimen de protección de duración indefinida, con independencia de la fecha de su calificación definitiva y sin que la aplicación de esta medida quede limitada o condicionada a su ubicación en municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado.
Además, solicitaba que estas viviendas no pudieran ser descalificadas, incorporadas al mercado libre ni perder su destino al alquiler protegido.
A su vez, instaba al Gobierno Vasco a "garantizar específicamente la protección indefinida de las 510 viviendas de Benta Berri y la estabilidad de las personas que actualmente residen en ellas, asegurando, para quienes continúen cumpliendo los requisitos exigibles, la renovación de sus contratos y el mantenimiento de rentas sometidas al régimen de protección pública, en diálogo permanente con las familias afectadas".
En lugar de la proposición no de ley de Sumar ha salido adelante la enmienda de totalidad del PNV y el PSE-EE, aprobada con 36 votos a favor (PNV y PSE), 27 abstenciones (EH Bildu y Sumar) y siete votos en contra (PP y Vox).
Este texto insta al Gobierno Vasco a extender la vigencia de la calificación de las Viviendas de Protección Pública (VPP) sometidas a un régimen de protección temporal que estén ubicadas en zonas de mercado residencial tensionado mientras permanezca vigente dicha declaración.
Asimismo, a través de esta enmienda el Parlamento Vasco insta a hacer efectiva la prórroga de la calificación de viviendas de protección pública "con la máxima celeridad", modificando para ello la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda para que, una vez aprobada, "resulte de aplicación a viviendas, como las 510 de Benta Berri, que cuentan con un régimen de protección temporal, mientras continúe vigente la declaración de zona tensionada de Donosti y a todas aquellas VPP que se encuentren en una situación análoga".
En el transcurso del debate, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha lanzado un mensaje de "cariño y solidaridad" a los familiares de Maricarmen Abascal, fallecida este pasado miércoles a los 87 años, tras haber sido desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda de renta antigua en la que había residido durante 71 años en Madrid, cuyo caso ha desencadenado una ola de movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda en todo el Estado.
Hernández ha indicado que "Maricarmen es la última víctima de un sistema que ha convertido nuestras viviendas en un negocio para unos pocos", algo que "es denunciable y que produce un más que entendible cabreo". "Hay un enorme cabreo social con la vivienda, no sólo hoy, pero esto es un acicate; este desahucio ha sido una chispa", ha indicado, para subrayar a continuación que el caso de Benta Berri es otro ejemplo del problema de la vivienda.
Por parte del PNV, Jonatan Moreno ha mostrado su "solidaridad y apoyo" a todas las personas que se encuentran en riesgo de perder su vivienda. En todo caso, ha recordado que en 2003, el Gobierno y el Parlamento vascos ya aprobaron que las Viviendas de Protección Oficial tuvieran una calificación permanente, de forma que nunca pudieran pasar al mercado privado.
Además, ha afirmado que "hay que garantizar el derecho al inquilino, pero también hay que proteger mejor al pequeño propietario". En este sentido, ha denunciado que "unos y otros" utilicen este tema "para polarizar y posicionarse en las próximas elecciones". "De verdad, la política es para esto? ¿Van a seguir dinamitando puentes?", ha reprochado al parlamentario de Sumar.
El parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga, que ha mostrado su "dolor" por el caso de Maricarmen, ha denunciado que en su día se aprobara la posibilidad de "hacer vivienda con protección de duración limitada", de forma que una vez transcurrido un tiempo determinado, esas viviendas pasan al mercado privado. Esto --según ha recordado-- "décadas después está generando no pocos problemas y quebraderos de cabeza".
En este sentido, ha denunciado que pese a que el Gobierno Vasco asegure que en Euskadi se han construido 110.000 viviendas protegidas, lo cierto es que "la mitad de esas viviendas se han descalificado o se van a descalificar en los próximos años". Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de adoptar medidas para acabar con esta situación de forma "urgente".
El parlamentario del PSE-EE Adrián Fernández también ha mostrado su "profundo pésame" a la familia de Maricarmen, y ha mostrado su deseo de que este tipo de casos "no vuelvan a suceder". En este sentido, ha indicado que lo que han de hacer los gobiernos es "ofrecer seguridad a las familias", algo que --según ha destacado-- "es precisamente lo que está haciendo" el Gobierno Vasco.
Fernández ha explicado que "estamos intentado revertir ahora errores de la década de los 90, cuando desde los gobiernos se querían financiar pelotazos con dinero público". "No puede ser que se financien viviendas protegidas con dinero de nuestros impuestos y que luego los propietarios puedan vender sus viviendas en el mercado libre", ha añadido, para recordar que en 2003 se aprobó una normativa que estableció que las viviendas de protección pública calificadas a partir de entonces tienen carácter indefinido y no pueden descalificarse.
La parlamentaria del PP Ana Morales ha iniciado su intervención trasladando su "pésame" a la familia de Maricarmen. Además, se ha mostrado partidaria de la colaboración "público-privada" en materia de vivienda, pero garantizando "la legalidad, la responsabilidad, el libre mercado y la libre concurrencia".
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha responsabilizado del desahucio de Maricarmen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha desvinculado la crisis de la vivienda de la actitud de los "fondos buitre".
