La agrupación coincide con la decisión de la Audiencia de Bizkaia por la que excluye el 'top manta' del ámbito penal
BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La plataforma para la defensa de los derechos de personas migrantes, Mbolo Moye Doole, pidió hoy a la Policía que cese el "acoso" a los vendedores ambulantes. La agrupación dice coincidir con la decisión de la Audiencia de Bizkaia por la que excluye el 'top manta' del ámbito penal.
En un comunicado, responsables de la plataforma manifestaron su acuerdo con la decisión de la Junta de Magistrados de la Audiencia de Bizkaia de mantener un criterio según el cual, considerarían "atípicos" fenómenos como el 'top manta' y similares, aplicando las sanciones del ámbito de lo civil y reservando lo penal a "comportamientos de mayor entidad en relación al bien jurídico protegido".
De esta manera, la plataforma Mbolo Moye Doole sostiene que el derecho penal "sólo se debe aplicar como último recurso para solucionar los conflictos, ya que utilizarlo en exceso crea injusticias y no es útil". "Es razonable, como tantos juristas y artistas llevan tiempo declarando, que la venta de unos artículos por la calle no es de entidad suficiente para constituir el tipo penal del delito", apunta.
No obstante, puntualiza que este criterio "se limita al ámbito de Bizkaia y no afecta a las personas ya condenadas". En ese sentido, los representantes de la agrupación recordaron que el vendedor ambulante Aladji Mbengue lleva 3 meses en la cárcel de Basauri (Bizkaia) tras haber sido condenado a 6 meses de prisión.
La mismas fuentes señalan que el juez decretó el ingreso en la cárcel como medida cautelar hasta que se ejecutase la expulsión. "En realidad ya ha cumplido la mitad de la pena mientras sigue pesando sobre él la expulsión y han pasado más de dos meses sin que el juez haya dado respuesta al recurso", denuncian.
La plataforma exigió asimismo que la Policía "cese el acoso a las vendedoras y vendedores ambulantes". "Con acuerdos como el de la Audiencia de Bizkaia se puede ahorrar el sufrimiento y los obstáculos a la integración de muchas personas", apunta.
La agrupación aludió a los datos facilitados por Instituciones Penitenciarias, que estiman que 118 personas en el Estado están presas por delitos contra la propiedad intelectual y "son más de 500 las que han cumplido condena por este motivo desde 2003". Por otro lado, las personas que no podrán acceder a un permiso de residencia por haberse visto involucradas en un procedimiento penal "son innumerables".
EL CASO DE ALADJI
El vendedor ambulante Aladji Mbengue se encuentra preso en la cárcel de Basauri desde hace tres meses, tras haber sido condenado a 6 meses de prisión, una multa de 900 euros y más de 650 euros de indemnización a la SGAE, condena que fue sustituida por el Juzgado de lo Penal de Santander por la de expulsión. El juez decretó el ingreso en prisión como medida cautelar hasta que se ejecutase la expulsión.
El 20 de julio se interpuso un recurso contra la decisión del juez alegando que no existía riesgo de fuga, ya que acudía a firmar cada 15 días al juzgado y no había variado su domicilio, "tal y como comprobó la Ertzaintza al detenerlo". "Han pasado más de dos meses sin que el juez haya dado respuesta al recurso, y tampoco ha respondido a la petición de suspensión de la pena mientras se resolvía la petición de indulto presentada ante el Ministerio de Justicia", apunta la plataforma.
"Seguimos pidiendo la modificación del Código Penal, el indulto de todas las personas condenadas por venta ambulante y una mayor atención al derecho a la libertad para todas las personas, incluidas las personas inmigrantes en situación irregular", concluye el comunicado.
