VITORIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El diputado general de Álava, Ramiro González, ha denunciado en el Parlamento europeo que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está "incumpliendo" la normativa comunitaria en materia de seguridad nuclear con su "oscurantismo" en torno a la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima al territorio alavés.
González ha participado este lunes, en la sede de Bruselas de la Cámara europea, en una jornada sobre desmantelamiento de centrales nucleares, en la que ha alertado sobre el posible reinicio de la actividad nuclear de Garoña, que dejó de operar en 2012, pero cuya reapertura ha sido solicitada por sus propietarios.
El CSN tiene previsto pronunciarse esta semana sobre el posible reinicio de la actividad de la planta, aunque la decisión definitiva sobre el futuro de Garoña depende directamente del Gobierno central.
El diputado general de Álava, invitado por el Observatorio de Transparencia Nuclear, se ha referido a las directivas Euratom de 2009 y 2014, que establecen que los estados miembros de la UE deben facilitar la información suficiente sobre la regulación de la seguridad nuclear a la ciudadanía en general y, especialmente, a las partes que tengan ámbitos de competencia.
Dicha directiva contempla, además, que se han de proporcionar las oportunidades "adecuadas" para que se pueda participar de manera
efectiva en el proceso de toma de decisiones relativo a la concesión de licencias de instalaciones nucleares.
ÁLAVA, "LA MÁS AFECTADA"
González ha denunciado el "oscurantismo" con el que está actuando el Consejo de Seguridad Nuclear, del que ha criticado que "no facilita información alguna". También ha criticado que Álava, el territorio cuya población está "más directamente afectada" por la central, haya sido "privada de cualquier oportunidad de participar en el proceso de toma de decisión".
El Gobierno foral alavés --ha añadido-- "no ha tenido en ningún
momento acceso a la información relativa a la ampliación de la vida operativa" de Santa María de Garoña. A su juicio, esto supone "un claro incumplimiento de las directivas europeas".
