Trabajadoras del Hogar exigen a Gobierno vasco una reforma que asegure sus derechos y el cierre de las agencias privadas

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadoras del Hogar del País Vasco se concentró hoy ante la sede del Gobierno vasco en Bilbao para exigir una reforma legal que asegure sus "derechos laborales" y les incluya en el Régimen General de la Seguridad Social. Además, reclamaron elcontrol y cierre de las agencias privadas de colocación.

La movilizaciones, anunciadas la pasada semana, cuentan con el respaldo de ESK, ELA, LAB, STEE-EILAS, CGT, la Coordinadora de ONG,s y Harresiak Apurtuz.

En su concentración, las trabajadoras denunciaron que el Departamento de Trabajo del Gobierno vasco permite el funcionamiento de agencias privadas de colocación, "que funcionan sin autorización", intermediando en el empleo doméstico y "cobran comisiones ilegales". Además, según afirmaron, ofrecen a las trabajadoras condiciones que "no respetan los mínimos derechos de jornada, descanso semanal o alta en la Seguridad Social".

Por ello, exigieron el control y cierre de las agencias privadas "con fin de lucro" y que los servicios públicos de empleo pongan todos los medios para "intermediar eficazmente en el empleo doméstico".

Además, según las convocantes, en septiembre de 2007, el Ministerio de Trabajo anunció un cambio legislativo respecto al colectivo, que "aunque insuficiente" consideraron "un avance importante" al plantearse que el régimen social de las trabajadoras del hogar "era malo y había que cambiarlo".

Se mostraron preocupadas por el hecho de que ese proyecto se encuentre "totalmente paralizado" y, por contra, las actuaciones del Ejecutivo autónomo parezcan "totalmente contrarias" a la inclusión de las trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social.

"Nuestro objetivo es que el régimen especial de trabajadoras del hogar se derogue, pero que pasen a pertenecer al Régimen General de trabajadores, no a cualquier otro", aseguraron.

Además, consideraron que se producen "paradojas" como el hecho de que, a través de la Ley de Dependencia se ofrezcan ayudas a este tipo de empleadas, que oscilan entre los 322 y los 507 euros, por cuidados a personas dependientes por parte de familiares.

"Lo que realmente está ocurriendo es que esas familias contratan a trabajadoras de hogar con fondos públicos, y, posteriormente, no se regula ningún tipo de condición laboral. No se mira si las empleadas han sido dadas de alta en la Seguridad Social o si no trabajan más de 40 horas a la semana", denunciaron.

A su juicio, lo que ocurre es que "con fondos públicos se están produciendo unas ofertas de trabajo que, realmente, no cumplen la legislación, y están por debajo de lo que marca la ley".