Vivienda elevará a partir de 2020 el tope de ingresos para acceder a las ayudas para la emancipación de los jóvenes

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda elevará a partir de 2020 el tope de ingresos para acceder a las ayudas del programa Gaztelagun para favorecer la emancipación de jóvenes mediante ayudas directas para pagar un alquiler, de forma que las nuevas cantidades exigidas serán un máximo de 18.000 euros para una persona, 24.000 euros para dos miembros, y 28.000 euros para unidades convivenciales de tres miembros o más, según ha dado a conocer este jueves el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jauregui.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Jauregui ha destacado que el programa Gaztelagun, dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos regulares, ha recibido 1.500 solicitudes y concedido ya más de 800 ayudas.

Tras señalar que hay que poner un tope a la renta máxima sobre la que se puede conceder la ayuda, Jauregi ha indicado que este jueves se aprobará un nuevo decreto en el Consejo de Gobierno que modifica al alza los límites de los ingresos para acceder a Gaztelagun, ya que "hemos visto que se nos han quedado por el camino personas que igual tenían unos ingresos un poquito más elevados", pero con dificultades para acceder al mercado de la vivienda.

Además, también se establecerán nuevos cupos a la hora de adjudicar las viviendas nuevas, de forma que un 40% se reservará a menores de 35 años, otro 40% a demandantes del derecho subjetivo a la vivienda, un 10% al cupo general y el 10% restante para colectivos de especial necesidad de vivienda (mujeres con sentencia de violencia machista, personas discapacitadas, o que hayan sufrido desahucios).

Según ha recordado, hasta ahora, según el baremo aprobado en 2012, "la prioridad la tenían las personas de menores ingresos, con más miembros en la unidad convivencial y con mayor antigüedad de inscripción en Etxebide". "Ahora ese baremo se mantiene, pero se introducen cupos de discriminación positiva a favor de ciertos colectivos en cada adjudicación, en función de la demanda en cada municipio", ha precisado, para anunciar que estos cupos se aplicarán ya en las nuevas promociones que se desarrolla en Bilbao, Vitoria, Sestao o Santurtzi.

VIVIENDA PÚBLICA SOLO DE ALQUILER

Por otro lado, ha recordado que la promoción de viviendas públicas solo de alquiler a partir de 2020 es "un mandato de la propia Ley de Vivienda de Euskadi aprobada en 2015", que implica que, a partir de los cinco años de entrada en vigor de la ley, que se cumplen en septiembre, "ya no se calificarán viviendas nuevas por parte de la administración vasca en la modalidad de compra, todas serán de alquiler", porque, "además de ser un mandato de la ley, pensamos que la promoción de la vivienda en compra se puede abastecer desde la iniciativa privada".

En ese sentido, ha señalado que hay mucho suelo cualificado para vivienda de protección oficial porque la legislación urbanística vasca impone que unos porcentajes elevados de suelo se destinen a vivienda protegida y que ésta pueda ser promovida por la iniciativa privada. Por ello, ha indicado que la Administración pública "se tiene que centrar en los demandantes de vivienda protegida, los mayoritarios, que es el 80%, que nos solicitan una demanda en alquiler".

Jauregui ha señalado que, según datos de Etxebide, el 80% de las personas inscritas en el Servicio Vasco de Vivienda que solicitan una vivienda lo hacen en la modalidad de alquiler y "más de 80% no supera los 20.000 euros de ingresos", por lo que ha apostado por "un parque público de vivienda sostenida más allá del color político del gobierno de turno", que sea "un activo de esta sociedad en un futuro y que pueda ser destinado a satisfacer el derecho subjetivo a la vivienda que está consagrado en la Ley de Vivienda por primera vez en el Estado".

El parque de alquiler en Euskadi, contando con todas las administraciones, es de 22.000 viviendas, de las cuales 14.000 gestiona directamente el Gobierno Vasco y el resto los ayuntamientos, mientras que en Etxebide hay alrededor de 55.000 personas que demandan alquiler, por lo que "teóricamente habría un desfase de 30.000".

No obstante, ha matizado que "muchas de las personas inscritas en Etxebide ya perciben una ayuda al alquiler, la prestación complementaria de vivienda asociada a la RGI o bien la prestación económica de vivienda, por lo que, de alguna manera, ya tienen satisfecho la posibilidad del acceso a una vivienda".

Por otro lado, el viveconsejero de Vivienda ha recordado que el alquiler social que el Gobierno Vasco cobra, a través de Alokabide, en las viviendas protegidas establece como máximo el 30% de los ingresos de las personas, por lo que "siempre está limitado en función de los ingresos".

Ante la subida de los precios de la vivienda nueva y un alquiler medio que en Euskadi supera los 1.000 euros mensuales, Jauregui ha señalado que en la subida del precio en compra "estamos sometidos a las infames reglas del mercado que nos condicionan absolutamente las políticas". "Desde nuestra esfera competencial no podemos hacer demasiado en cuanto a los precios de venta, pero sí a través de la legislación propia ir adecuando esas circunstancias a buscar un beneficio para la mayoría de la gente", ha dicho.

En ese sentido, ha precisado que desde el Departamento de Vivienda plantean, para la contención de los precios del alquiler, incrementar el parque de vivienda pública, por un lado, e incentivar fiscalmente que "la contención de los precios del alquiler sea beneficiosa para el arrendador", porque "conllevaría una serie de desgravaciones fiscales añadidas, aumentando las actuales".

Otra posibilidad, ha apuntado, es "la contención de precios mediante normativa", pero "vemos que tiene poco recorrido desde el punto de vista jurídico porque, de alguna manera, chocaría con normativa estatal".

Jauregui ha recordado que en Euskadi más del 90% de la propiedad de la vivienda puesta en alquiler "es de particulares, pequeños propietarios, y no tiene nada que ver con los grandes paquetes de vivienda que tienen los bancos o los fondos de inversión".

A su entender, la vía adecuada es la de la fiscalidad y también "buscando actuar sobre colectivos especialmente vulnerables, como son los jóvenes, de cara a la emancipación". En ese sentido, ha recordado la propuesta conjunta de los Departamentos de Hacienda y Vivienda del Gobierno Vasco presentada en el Órgano de Coordinación Tributaria para debatir medidas fiscales en este sentido, para ser abordadas en 2020 de cara al nuevo marco fiscal.