MÉRIDA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Unos 60 delegados de FETE-UGT Extremadura se concentraron hoy a puertas de la sede del CERMI en Mérida para sumarse a las protestas nacionales contra la "situación insostenible" de los trabajadores del sector de la discapacidad, derivadas del "estancamiento" de las negociaciones del XIII Convenio de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad.
La huelga de hoy, de tres horas de duración, es antesala de la jornada completa de protestas que protagonizarán el próximo viernes los trabajadores del sector, y que, según previsiones del sindicato, podría paralizar en Extremadura entre el "80 y el 100 por cien" de esta clase de servicios.
La paralización de actividades afecta en toda España a más de 950 centros y a más de 100.000 trabajadores. En esta autonomía, en cambio, atañe unos 60 centros y a más de 2.500 trabajadores.
Según explicó a los medios de comunicación el secretario de Enseñanza Privada de FETE-UGT Extremadura, Daniel Peña, para la huelga de hoy, "concientes de que estamos ante un servicio público que no puede quedar desatendido", los trabajadores han decidido mantener en todas las comunidades unos servicios mínimos del 70 por ciento.
AÑO Y MEDIO SIN NEGOCIAR.
Peña concretó que el motivo principal de esta huelga es que el sector de la discapacidad "lleva un año y medio sin negociar" el convenio de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, cuyo ámbito temporal terminó en diciembre de 2006.
Este convenio afecta a a los centros educativos específicos, a los asistenciales y a los especiales de empleo, y, aunque ya se han celebrado tres reuniones en el seno de la mesa de negociación , "aún no se ha conseguido nada, ni se tienen propuestas sobre los temas fundamentales".
Lo que sí se conoce hasta el momento, afirmó, es que la patronal intenta sacar adelante una propuesta sobre clasificación profesional, con la que pretende la movilidad funcional de los grupos, "con coste cero para las empresas", que establecería un mecanismo para evaluar las competencias personales y sociales, a través del monto de la antigüedad y la disminución del absentismo.
Esto implicaría, comentó, "la congelación de la antigüedad de los trabajadores, que cobraría un complemento que el empresario decidiría cómo y cuando pagar, siempre que no haya absentismo. Hay que ir a trabajar con 40 de fiebre y te pagarán siempre que le caigas en gracia al empresario".
APLICACIÓN DEL MADEX.
Peña puntualizó que el sector está "bastante regulado" en la región, con el establecimiento del Marco de Atención a a la Discapacidad de Extremadura (Madex), que determina un modelo de concertación con las entidades que prestan servicio a la discapacidad, fijando los perfiles profesionales , las ratios, las jornadas, entre otras cuestiones.
No obstante, añadió, "el Madex aún no está completamente desarrollado". A su juicio, es "necesario" crear un órgano de participación para su seguimiento y control, donde, además de la administración, estén representados las patronales y los sindicatos, a fin de conseguir "mejorar la calidad del servicio a los usuarios y las condiciones laborales de los trabajadores".
En concreto, los trabajadores de los centros educativos específicos concertados reclaman "el mismo salario y condiciones laborales que los centros ordinarios" y, por parte del Gobierno regional, "extender el pago delegado con complemento autonómico para el personal complementario y el de administración y servicios".
RACIONALIZAR LA JORNADA.
Los empleados de centros asistenciales, en cambio, reivindican el "control de las subvenciones" para conseguir ratios suficientes que permitan "racionalizar" la jornada laboral. Asimismo, solicitan retribuciones y complementos que hagan posible "superar" la situación de "la mayor parte" de los profesionales de este campo, que tienen un salario de "800 y pocos euros al mes".
Por su parte, los trabajadores de los centros especiales de empleo, "puente para la empresa ordinaria", reclaman el 100 por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social, una subvención mensual por cada trabajador con discapacidad de hasta el 50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional y una subvención por adaptación del puesto de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas por una cuantía no superior a 1.803 euros.
Además, demandan una ayuda de 12.000 euros por cada puesto de trabajo creado para personas con discapacidad, si éstas representan más de un 90 por ciento de la plantilla, y de 9.000 euros, si equivalen al 70 por ciento.
Junto a estas reivindicaciones, el sindicato exige para los trabajadores con discapacidad tanto de centros educativos, como de asistenciales y especiales de empleo, un pago a cuenta del 4,2 por ciento retroactivo desde enero de 2008, salarios superiores a 1.000 euros y complementos de trabajo en días festivos y fines de semana, de hasta el 25 por ciento del salario base.
Finalmente, requiere un complemento personal de actividad por especial dedicación, peligrosidad y penosidad, equivalente al 10 por ciento del sueldo base, y una cláusula de revisión con carácter retroactivo.
