Alfonso Cortés es elegido nuevo director gerente del Comité de Entidades de Personas con Discapacidad de Extremadura

Actualizado: miércoles, 4 febrero 2009 14:43

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El asesor jurídico del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Extremadura, Alfonso Cortés Guerra, fue elegido director gerente de la entidad por unanimidad en el último comité, celebrado el pasado 27 de enero.

Según explicó en nota de prensa el colectivo, el nombramiento se produce después de que la anterior gerente del Cermi-Extremadura, Ruth Gómez, haya pasado a formar parte de la estructura del Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), adscrito a la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura.

Así, el nombramiento de Alfonso Cortés como director gerente "abre una nueva etapa" para el Cermi, que continuará abogando por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad de la región.

Las labores del director gerente se centran en la coordinación, dinamización y encauzamiento de las demandas de desarrollo, de propuestas y reivindicaciones dirigidas a los poderes públicos y al sector privado.

La elección de Cortés responde a su formación y experiencia dentro del sector. Además, Cortés dirige la asesoría jurídica del Cermi desde septiembre de 2007. Éste es un servicio que la entidad ofrece de manera gratuita y que se centra en la orientación sobre los recursos legales disponibles.

El objetivo es concienciar a las personas con discapacidad, que son titulares de derechos y obligaciones, para dotarles de la información adecuada para que puedan ser protagonistas de sus decisiones y puedan proceder a la activación de sus derechos.

Cabe recordar que el Cermi es una entidad que nace a consecuencia de la madurez del movimiento asociativo en favor de las personas con discapacidad que habitan en la región extremeña. Su misión es articular y vertebrar al movimiento asociativo relacionado con la discapacidad a través de una acción política centrada en la defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad y sus familias.