El Ayuntamiento de Mérida decreta la retirada temporal de licencia de funcionamiento de la fábrica 'Extremeña de Grasas'

MÉRIDA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida, mediante decreto de alcaldía, decidió el pasado viernes que la empresa 'Extremeña de Grasas' cese su funcionamiento de manera temporal a partir de hoy, después de comprobar el "incumplimiento" de las medidas "elementales" que se les exigían a sus responsables a fin de disminuir "sensiblemente" los "nauseabundos" olores que desprende esta fábrica.

Así lo anunció hoy el alcalde de Mérida, Ángel Calle, quien a pesar de reconocer que la decisión es "dolorosa", teniendo en cuenta que en esta empresa trabajan unos 30 trabajadores, insistió en su "obligación" de asegurar el "beneficio de los vecinos emeritenses".

"Hemos facilitado todos los plazos, se les han dado todas las facilidades para subsanar los problemas y no han cumplido con ninguna de las medidas que debían tomar, por tanto, no nos queda más remedio sino velar porque los ciudadanos no tengan molestias", recalcó.

La fábrica de grasas queda obligada a suspender su actividad hasta que se reparen las "deficiencias", no obstante, tiene permiso de operar entre "dos y cuatro días más" para que "tenga tiempo" de poner al tanto de la noticia a las empresas cárnicas y mataderos que derivan hasta allí sus despojos.

Ángel Calle hizo estas declaraciones hoy en una rueda de prensa que se celebró en el Ayuntamiento y durante la que estuvo acompañado por la portavoz municipal, Estrella Gordillo.

"PACIENCIA INFINITA"

Con esta resolución, el consistorio pone fin a "más de un año" de "infinita paciencia", de "continuas" denuncias ciudadanas e informes de agentes de la Policía Local que reportaban "prácticamente a diario" la existencia de malos olores.

El alcalde recordó que a lo largo de los últimos meses la fábrica ha sido objeto de un seguimiento "exhaustivo" por parte de los inspectores municipales y los responsables de la factoría han recibido "varios" requerimientos "tanto verbales como escritos".

El último acto administrativo, previo al que con fecha de 29 de agosto ordena la clausura temporal de la empresa, data de 30 de julio y en él se especifica, entre otras cuestiones, el plazo "improrrogable" de un mes para la corrección de las deficiencias detectadas por el técnico municipal.

Transcurrido ese plazo y tras comprobar "objetivamente" que "ninguna" de las cinco medidas correctoras que la empresa debía acometer para mantener su licencia se han llevado a cabo, el ayuntamiento ha determinado su cierre temporal, considerando que "el mal olor es algo que va en contra de los derechos de los ciudadanos".

HECHOS PROBADOS

Ángel Calle informó que los técnicos municipales constataron que "no" se habían puesto en marcha las correcciones pertinentes, pese a la advertencia del posible cierre de las instalaciones, hechos probados que se recogen en dos informes, uno del técnico municipal Javier Montero, emitido el 6 de agosto, y otro del jefe de Servicios de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mérida, Alfonso Gómez.

Ambos informes, resultado de las visitas de inspección que se realizaron en las fechas antes señaladas, determinan que es "imposible" conocer si los subproductos que se recogen para la incineración superan el límite de 24 horas tras el sacrificio del animal, pues la empresa carece de certificados de los mataderos de origen.

La fábrica opera "sin" un sistema de seguridad que interrumpa el proceso por bajada de temperatura que controla la oxidación térmica y, por tanto, regula la emisión de malos olores; y, asimismo, debido a la "antigüedad" de las instalaciones, se registran "varias" fugas en la línea de producción.

Por otro lado, el informe del técnico corrobora que "no se instalaron" las tuberías para la captación de olores en las tolvas de descarga y que la depuradora de aguas residuales de la fábrica "no funciona", pues incumple con las condiciones de "temperatura, densidad y olor" de los residuos que se vierten a la red municipal.

VERTIDOS "MUY DISPARES"

Al informe del técnico municipal se suma, además, uno emitido por la concesionaria de los servicios que integran el ciclo del agua en Mérida, Aqualia, y en el que se especifica que los vertidos de la fábrica a la red de alcantarillado público son "muy dispares".

Según este estudio, los resultados de los análisis a los que fueron sometidos los vertidos determinan que son "variables", pero, en "cualquier caso", los valores que desprenden son "muy superiores a los máximos permitidos por la ordenanza municipal".

Así las cosas y con la premisa de "defender el interés ciudadano", el consistorio "no dará marcha atrás" en esta decisión, pese a las "presiones" que "desde hace tiempo" recibe por parte del sector cárnico extremeño, reconoció el alcalde.

Sin embargo, "concientes de que en esta fábrica trabajan 30 personas y sabiendo que la industria cárnica necesita este prestación", Ángel Calle anunció que está "dispuesto a hablar" nuevamente con los responsables de Extremeña de Grasas, siempre y cuando "antes" se "adapte y modernice" la fábrica.