MÉRIDA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Mérida recurrirá la sentencia por despido del ex gerente de la Empresa Municipal de Transportes de la capital autonómica, Prudencio González, por considerar que hay un "error".
En rueda de prensa, la portavoz del Ayuntamiento de Mérida, Ascensión Murillo, explicó que la sentencia por el despido de Prudencio González "plantea un escenario bueno para el consistorio", ya que en la misma "no se reconoce que exista un contrato de alta dirección, sino que considera que es un contrato normal al amparo del Estatuto de los Trabajadores", explicó.
Por lo tanto, la sentencia judicial indica que "hay un despido improcedente" por lo cual se debe indemnizar al trabajador, en este caso Prudencio González, con 45 días de salario por año trabajado.
Pero, según la portavoz, el motivo por el que el ayuntamiento recurrirá la sentencia es porque se hace el cálculo de la indemnización por despido sobre el salario que cobraba como alta dirección, como un trabajador que estuviera "blindado", y según la propia sentencia es un contrato "normal".
Por ello, el ayuntamiento indicó que lo entiende "simplemente como un error" y que por ello lo recurrirá, puesto que no opina que un salario de 3.787,16 euros al mes, salario al que se remite la jueza, sea un sueldo "normal" de un ayuntamiento.
Por otro lado, el consistorio informó de que en dicha sentencia tampoco se solicitó al ayuntamiento que pague salarios de tramitación puesto que se se entiende que "ni se discriminó ni se acosó a González".
"Es por una cuestión de cantidad, porque hay una contradicción", indicó Ascensión Murillo, quien señaló que según la sentencia se debería indemnizar al ex gerente con más 35.000 mil euros y según el Gabinete Jurídico del ayuntamiento sería con más de 3.000 euros.
DENUNCIAS POR FALSEDAD DOCUMENTAL.
Por otro lado, la portavoz municipal indicó que además de este recurso el consistorio está estudiando "denunciar" a Pilar Vargas, Prudencio González, Manuel Gámez, Francisco Robustillo y Cristina Moreno "por la posible comisión de falsedad documental, por delito societario y falso testimonio".
Así, Ascensión leyó las declaraciones de todos los miembros que supuestamente estuvieron presentes en el el Consejo de Administración del 6 de Julio de 2006 e indicó que son "absolutamente contradictorias".
Según transmitió Murillo, Alfredo de la Rubia declaró que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes de 6 de julio de 2006 "nunca se celebró y que él al contrario de lo que dice en el acta nunca estuvo presente".
Francisco Robustillo declaró que "sí se celebró dicho consejo al que acudieron Alfredo de la Rubia, Manuel Gámez, Pilar Vargas, Francisco Robustillo, Prudencio González, omitiendo que también se encontraba la jefa de Administración de la Empresa Municipal de Transportes, Cristina Moreno". Además, según leyó la portavoz, aquél también dijo que en dicho consejo se aprobó el contrato del ex gerente de transportes.
Por otro lado, según Murillo, Manuel Gámez declaró que "sí se realizó este consejo y que en el mismo estaban Alfredo de la Rubia, Manuel Gámez, Pilar Vargas, Francisco Robustillo, Prudencio González, Cristina Moreno y añadió que nunca se trató en dicho consejo la subida salarial o modificación del contrato de Prudencio González".
A su vez, la portavoz municipal indicó que Pilar Vargas declaró que "sí se celebró el consejo y que en él estaba Alfredo de la Rubia, Manuel Gámez, Pilar Vargas, Francisco Robustillo, Prudencio González, y añadió que no recordaba que la jefa de Administración Cristina Moreno estuviera presente en este consejo, además indicó que nunca se trato en el consejo subida salarial o modificación del contrato del ex gerente de transportes".
Por su parte, Murillo indicó que Cristina Moreno declaró que el Consejo de Administración "nunca se celebró que consistió en una reunión sin tan siquiera sentarse en el que estaban presentes solamente Pilar Vargas, Manuel Gámez y Prudencio González y que sólo se habló de la compra de autobuses y de lo que sobre éste tema iban a declarar al día siguiente en rueda de prensa".
Por todas estas declaraciones, el Ayuntamiento de Mérida consideró que "la duda es más que razonable", y que el Gabinete Jurídico del consistorio emeritense considera que "hay indicios de los delitos de falsedad de documento, falso testimonio y también de un presunto delito societario".
Por último, Ascensión Murillo indicó que el consistorio quiere saber "si hubo o no Consejo de Administración, quién miente", y añadió que en caso de que lo hubiera habido no existía quórum por lo cual todas las decisiones aprobadas en él "son nulas de pleno derecho".
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