MÉRIDA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Eva María Pérez, replicó hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que para "prestigiar la calidad de los docentes" no hay que "denigrar el ámbito en el que trabajan, el de la enseñanza pública".
Pérez realizó estas declaraciones en alusión a la propuesta de Aguirre en pro de una ley que otorgue a los profesores la condición de autoridad, e indicó "sin ambages" que "lo que no puede suceder es que parezca que los centros educativos están en constante batalla campal, porque no es verdad, la realidad es bien distinta".
En rueda de prensa, la consejera afirmó que "elevar a categoría lo anecdótico" le parece una "enorme irresponsabilidad". "Que no esté en la palestra mediática la violencia escolar no significa que los demás, todos los agentes que intervienen en el hecho educativo, no estemos ocupados y preocupados en la violencia escolar", apostilló la responsable extremeña de educación.
A preguntas de los medios sobre si la Junta de Extremadura se planteará introducir la figura de autoridad pública teniendo en cuenta que sindicatos como ANPE o CSI-F lo han pedido, y que el principal partido de la oposición se ha posicionado a favor de esta propuesta de la Comunidad de Madrid, Pérez contestó que "hay que dar forma a esa propuesta" y que quiere saber "cómo se le otorga esa autoridad al docente a través de una ley".
Al respecto, recordó que en noviembre de 2006, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura envió una circular a todos los fiscales de la región recordándoles que los Artículos 550, 551 y 552 del Código Penal, ya consideran la agresión a un docente, la intimidación o cualquier otra fórmula de violencia física o verbal, explícita o encubierta, como delito de atentado".
Además, añadió que la propuesta de Aguirre "ni quita ni pone rey desde el punto de vista penal". Desde el punto de vista administrativo, indicó la consejera, "sí introduce alguna cuestión novedosa como la presunción de veracidad".
Finalmente, la consejera de Educación afirmó que los profesores de la enseñanza concertada "no tienen esa cobertura del Código Penal porque no son funcionarios". Añadió que con una ley autonómica no se conseguirá cambios que sólo se producirían mediante la modificación del Código Penal, a pesar de lo que "parece ser que han descubierto" en la Comunidad de Madrid.