MÉRIDA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera y portavoz de la Junta de Extremadura, Dolores Pallero, anunció hoy que el Ejecutivo regional ha tomado la decisión de eliminar las garantías provisionales que hasta ahora debían depositar las empresas en toda licitación pública de la Administración autonómica.
Dolores Pallero resaltó que la garantía provisional a la que se refiere es "potestiva", de modo que la Junta tiene capacidad para suprimirla, en este caso con el objetivo doble de "facilitar la concurrencia" a las licitaciones para "fomentar la participación" empresarial y "no gravar innecesariamente" a las sociedades en el momento actual de crisis.
En comparecencia ante la prensa después de la reunión del Consejo de Gobierno, la vicepresidenta precisó que esta medida significa "una traba menos" para que las empresas presenten ofertas en los procedimientos que convoque la Administración regional. En contestación a una pregunta, apuntó que estas garantías llegaban al 3% del presupuesto base de licitación.
Por otra parte, la vicepresidenta extremeña aseguró, saliendo al paso de diversas informaciones, que "en modo alguno ha disminuido la cantidad de licitación por parte de la Junta".
Para ilustrar su aseveración indicío que la Consejería de Fomento, que se destaca por su por su peso inversor, desde 1 de enero a 11 de diciembre del presente ejercicio ha destinado 276 millones de euros en obras, infraestructuras y mejora de red, lo cual ha supuesto un incremento del 13,85% respecto al año anterior.
CONSEJO
El Consejo de Gobierno aprobó hoy un decreto por el que se modifica el programa de financiación prioritaria del tejido empresarial en Extremadura, como medida para intentar paliar los efectos de la crisis económica.
Con la modificación del decreto se aumentan los periodos máximos de amortización permitidos en las operaciones de financiación de activos fijos, pasando de los 15 años actuales a 25, para ofrecer la posibilidad de pactar con las distintas entidades unos mayores plazos para la amortización de sus deudas.
Se suprimen los plazos máximos de carencia opcionales establecidos en todas las líneas promocionables, lo que a corto plazo posibilitaría disminuir las cuotas de amortización, y se hacen una serie de modificaciones referentes a la propia gestión de la línea de ayudas.
El objeto es "actualizar y adecuar la normativa a determinados aspectos que se han ido planteando en su gestión, de forma que se asegura la eficacia y el ahorro de costes de gestión y tiempo para el empresario", precisa el dosier entregado a los medios de comunicación.