VALENCIA/MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La comunidad de Extremadura se encuentra entre las autonomías en las cuales se ha registrado menor número de objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con un total de 263, según datos facilitados hoy por el colectivo Profesionales por la Ética.
Madrid con 11.531, Castilla-La Mancha con 9.014, Andalucía con 7.505 y Valencia con 5.606 encabezan la lista de objeciones, mientras que en toda España la materia escolar ha provocado ya 44.513 objeciones.
En el lado opuesto, las comunidades que han registrado menos oposición a la asignatura son las Islas Baleares, donde se han contabilizado 82 hasta el momento; Islas Canarias, que registra 116; Cantabria, con 155 y Extremadura, donde se han recogido 263.
Desde Profesionales por la Ética recalcaron que los padres son los protagonistas del "mayor movimiento de objeción de conciencia que se haya producido en España, exceptuando el que reivindicaba este mismo derecho respecto al servicio militar".
Según la entidad, una de las asociaciones promotoras de la objeción, la mayoría de los padres objetores lo han hecho, "no por los contenidos de la asignaturas sino por el planteamiento global de las mismas, cuyo objeto, según la normativa legal aprobada por el Consejo de Ministros (BOE de 5 de enero de 2007), es profundizar en la ética personal de los alumnos, contribuir a que se construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios y una conciencia moral".
Asimismo, el colectivo realiza una valoración de la implantación de la materia en las diferentes comunidades autónomas y considera que en las gobernadas por el PP o sus socios "la cuestión es más compleja, ya que a pesar de que el propio Mariano Rajoy se ha mostrado contrario a las polémica asignatura, los gobernantes de su propio partido han actuado a su libre albedrío, en lo que constituye una desautorización en toda regla al presidente del PP".
Un caso significativo, continuaron, ha sido Navarra, comunidad en la que el PP "gobierna indirectamente a través de UPN". Esta comunidad, al igual que las gobernadas por el PSOE, implantó EpC el pasado curso y, según Profesionales por la Ética, "el gobierno autonómico ha rechazado sistemáticamente las objeciones obligando a los padres a acudir a los tribunales de justicia".
Respecto a la Comunitat Valenciana, la organización manifiesta que "ha aceptado las objeciones dentro de un sistema alternativo de evaluación de la asignatura", la conocida como opción B --poder superar Epc a través de trabajos-- que ha sido "paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a instancias del Gobierno central".
"Este es el panorama con el que se encuentra la Administración educativa en la vuelta al cole, más de 44500 objetores a EpC, mayoría de sentencias y autos favorables a los padres objetores y casi 400 recursos pendientes de resolver en las diferentes instancias judiciales, algunos de ellos ya en el Tribunal Supremo. Hay también cientos de recursos administrativos que muy posiblemente llagaran a los tribunales en los próximos meses", resumieron.
Por su parte, desde el Foro Valenciano de la Familia reafirmaron hoy su convicción de que cuentan con la "razón moral y jurídica al defender todas las formas de oposición a EpC, especialmente, la objeción de conciencia" y avanzaron que a principios de septiembre serán presentadas 2.000 objeciones más.
En este sentido, sostuvieron que la Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana, "con buen criterio y mejor voluntad, ha tratado de dar cobertura y respuesta a los padres valencianos disconformes u opuestos con la polémica asignatura" mediante la implantación de la opción B en su Orden de 10 de junio de 2008 mediante la que se establecen las formas de organización pedagógicas para impartir EpC en la ESO.
MEDIDAS CAUTELARES
Para esta entidad, la adopción de medidas cautelares por parte del TSJCV suspendiendo la aplicación de la opción B "deja en situación de desamparo a los padres y alumnos objetores y a las familias que tenían decidido elegir la opción B en uso de su derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias y opiniones".
Por ello, confiaron en que la Conselleria de Educación "atienda las legítimas pretensiones de dichos padres". De no ser así, "no quedará otra opción que acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer el derecho que les asiste, de modo que sean los tribunales los que se pronuncien al respecto, tal y como lo han hecho en Andalucía y La Rioja".
