El portavoz de la Junta, Juan Antonio González. - JUNTA
MÉRIDA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
La comunidad autónoma de Extremadura facilitará a las familias desplazadas por la guerra en Ucrania el acceso a prestaciones sociales, principalmente la renta garantizada, mediante la supresión del requisito de la residencia en la región.
Una medida incluida en un decreto ley, de los denominados ómnibus, por cuanto recoge medidas que afectan a varios departamentos, que se ha aprobado con carácter de urgencia en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura celebrado este miércoles.
En la rueda de prensa posterior, el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González, ha explicado que el decreto recoge una serie de medidas "urgentes" para dar respuesta al desplazamiento de personas por razones humanitarias a causa de la guerra en Ucrania.
En concreto, el objetivo de este decreto es "ofrecer protección y asistencia a las personas y familias desplazadas desde Ucrania por la guerra", con "especial énfasis" en la situación de los menores de edad, regulando y protocolizando la actuación de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia.
Según los datos que maneja la Junta, aún provisionales, actualmente se encuentran en la región 608 ucranianos, un 66% mujeres y 34% hombres, de los cuales son menores de edad 255, es decir, el 42%.
De ellos, se encuentra en dispositivos de emergencia 188 personas, y además se tiene constancia del paso por la región de otras 1.731 personas procedentes de Ucrania, que ya se han marchado a otros destinos.
Asimismo, el Servicio Extremeño de Salud ha emitido 513 tarjetas sanitarias y se ha escolarizado a 191 menores desplazados. Un total de 1.291 extremeños se han ofrecido para posibles acogimientos de refugiados.
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
De esta forma, el decreto contempla que "todos los grupos familiares de origen ucraniano que hayan llegado a la comunidad a consecuencia del conflicto bélico serán considerados personas en situación de vulnerabilidad".
De esta forma, se amplía su protección y se facilita su acceso a prestaciones y servicios sociales de la comunidad autónoma. Así, y en "determinadas circunstancias", se hace accesible la renta extremeña garantizada a estas "personas en protección temporal" sin el requisito de residencia mínimo que se establecía para dicha prestación.
Al mismo tiempo, el decreto recoge que el sistema educativo extremeño, el sanitario, los servicios sociales de los ayuntamientos y los programas de atención a familias "tendrán el deber de colaborar" con la llegada de desplazados de Ucrania a la región.
Asimismo, se incluye el registro de familias solidarias, con el que la Junta, a través de la Dirección General de Infancia y Familia, llevará un registro de familias solidarias que expresen su voluntad de acoger familias ucranianas con menores que procedan de este país.
Igualmente, se recoge el acogimiento temporal solidario, regulando los requisitos, en respuesta a la necesidad de ofrecer protección a los menores ucranianos en Extremadura.
El portavoz de la Junta ha agradecido a la sociedad extremeña todas las muestras de solidaridad, al tiempo que hace un llamamiento a todas las personas que conozcan a familias ucranianas en Extremadura para que se pongan en contacto con los Servicios Sociales, si no lo han hecho aún, para poder "regularizar su situación" de modo que puedan acceder a estas medidas.
De esta forma, la comunidad consigue "regularizar" a estos "refugiados" y tenerlos "controlados", así como "asesorarlos" sobre "todo lo que la administración autonómica les ofrece".