MÉRIDA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
La comunidad autónoma de Extremadura ocupa el cuarto puesto en un ránking nacional elaborado por Greenpeace que puntúa a las regiones en función su índice de calidad ambiental.
Dicho listado, surge del primer estudio realizado por la ONG ambientalista en el que presenta una Radiografía social del medio ambiente en España.
En este sentido, las comunidades con más puntuación son en concreto La Rioja, Navarra y Madrid, seguidas de Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cataluña, Baleares, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias y Euskadi. La lista la cierran la Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón.
Sin embargo, Greenpeace ha asegurado que "todas" las regiones se sitúa entre un nivel "medio y bajo" por lo que "en todas", existe "un gran margen de mejora medioambiental".
Así lo ha explicado, en nota de prensa, responsable del informe, Julio Barea, quien ha asegurado que "junto al Gobierno central, las comunidades autónomas tienen una gran responsabilidad en la situación en la que se encuentra el medio ambiente en su territorio, es fundamental que hagan políticas para la ciudadanía y el entorno natural y dejen de hacerla de espaldas a ella".
El estudio, que ha sido presentado este miércoles, detecta 12 puntos negativos en materia mediambiental en Extremadura, así como otras nueve iniciativas y políticas verdes.
En este sentido, ha destacado "la amenaza" que supone la central nuclear de Almaraz, frente "al lado positivo que ofrece el movimiento ciudadano que logró detener la construcción de la refinería Balboa en Tierra de Barros", ha destacado la organización.
MÁS DE 400 PUNTOS NEGROS EN ESPAÑA
En el contexto nacional, la radiografía elaborada por Greenpeace muestra más de 400 puntos negros, pero también 214 ejemplos positivos "a seguir".
Además, en este informe la ONG "ha ido más allá", ha subrayado, ya que "por primera vez" se presenta un estudio que refleja las "duras" consecuencias sociales que tienen las "agresiones" al medio ambiente en todas las comunidades autónomas. De igual modo, --añade-- "se ponen en valor los impactos positivos que conllevan las políticas medioambientales positivas".
El informe establece "el vínculo entre las infraestructuras inútiles y los escándalos por corrupción y el despilfarro de dinero público", así como también "entre una política energética dictada por las eléctricas y las enfermedades y pobreza energética, o entre la gestión forestal y las privatizaciones y la pérdida de derechos laborales".
"Esta radiografía permite demostrar que el medio ambiente es una de las principales víctimas de la crisis y es la ciudadanía quien sufre las consecuencias", ha declarado la directora de Campañas de Greenpeace, María José Caballero.
"Es necesario que los dirigentes políticos reviertan la situación y apuesten por modelos económicos y sociales respetuosos con el medio ambiente porque las evidencias demuestran que lo contrario tiene graves consecuencias para la ciudadanía", ha insistido.
CONSECUENCIAS PARA LA SALUD
De entre los casos que afectan al medio ambiente que la organización ecologista ha recogido en el informe, porque también tienen nefastas consecuencias para la salud de la ciudadanía, destacan la contaminación que sufre la ciudad de Madrid, donde cada año se producen 2.000 muertes prematuras debido a la polución, y las centrales térmicas de carbón, a las que cada año se asocian medio millar de fallecimientos anuales.
Respecto a la corrupción, si bien, la costa ha sido el "principal" escenario donde la destrucción del medio ambiente, tal y como indica el informe, ésta "ha venido precedida de escándalos urbanísticos, estos también se han producido en el interior".
Solo en 2011 se iniciaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana y se dictaron 408 condenas, estos son algunos de los datos que ofrece.
PUERTAS GIRATORIAS
La organización ecologista también ha destaca los casos de "puertas giratorias", donde "el más preocupante", subraya, "está en la persona de la propia ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que durante años fue directiva de Fertiberia, una empresa con el peor historial de contaminación del país".
Por lo que a los "recortes" medioambientales se refiere, además del "retroceso" sufrido por la Ley de Costas y en sectores como la prevención y extinción de incendios, el estudio apunta a una tendencia hacia "la privatización de la gestión del agua que ya afecta a la mitad de los municipios del país".
En este sentido, la ONG ha lamentado que, "durante estos años sin sequía declarada, no se hayan llevado a cabo medidas para paliar sus efectos cuando con toda seguridad vuelva a suceder".
IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
El informe también hace referencia a "grandes" infraestructuras que suponen "grandes impactos medioambientales" pero que luego suponen "un fiasco que hay que pagar con dinero público". En este sentido, ha señalado a entidades como "almacén de gas Castor, que podría suponer el pago de 1.350 millones de euros al grupo ACS, los 1.500 millones del aeropuerto de Ciudad Real o los 3.400 millones de las autopistas de peaje".
Asimismo, ha considerado "intolerable" que en torno al 17 por ciento de los hogares en España "sufran pobreza energética mientras las empresas energéticas tienen ingresos millonarios gracias a una política del Ministerio de Industria hecha a medida".
IMPACTOS POSITIVOS
En este mismo análisis, Greenpeace también ha detectado "numerosas" iniciativas y ejemplos "positivos" en un escenario de "desmantelamiento generalizado" del medio ambiente.
Así, en los últimos años --explica-- "se han multiplicado las movilizaciones ciudadanas, muchas veces exitosas, en defensa del medio ambiente: las protestas por todo el país contra el fracking, el almacén Castor o las prospecciones de petróleo en el mar son solo algunos ejemplos".
También son "numerosos", según la organización, "los casos en que los propios dirigentes políticos toman la iniciativa y protegen a la ciudadanía de las consecuencias de destruir el medio ambiente", tales como los municipios "libres" de transgénicos, que suman más de 100 en toda España o la oposición al fracking de siete gobiernos autonómicos.
En este sentido, ha destacado la puesta en marcha de estas iniciativas pioneras del cambio, "por la incomprensión que suponen a pesar de sus beneficios para el medio ambiente".
Es el caso de proyectos como el sistema de recogida de residuos puerta a puerta en municipios de Euskadi, Navarra y Cataluña, o modelos energéticos 100 por cien renovables como el de la isla de El Hierro, según ha indicado.
Greenpeace también ha puesto de manifiesto el "esfuerzo" de aquellas personas que optan por un empleo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, a pesar, "de las muchas trabas y dificultades con las que se encuentra", así como los modelos empresariales verdes "que generan miles de puestos de trabajo como son los que ofrecen las energías renovables o la pesca sostenible".
