27 de febrero de 2020
 
Publicado 31/03/2015 14:10:00CET

Gobierno y sindicatos siguen dando pasos en el caso de los cursos de formación

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de Extremadura y los sindicatos UGT y CCOO han anunciado este martes los próximos pasos que prevén dar en el caso del "presunto fraude", según el Ejecutivo regional, en los cursos de formación de ocupados relativos al año 2011.

   Así, el Gobierno de Extremadura ha anunciado este martes la puesta en marcha de un proceso administrativo para la devolución a las arcas públicas de los "al menos 3 millones de euros" de este "presunto fraude".

   Según ha anunciado el Ejecutivo extremeño en nota de prensa, se trata de un proceso administrativo para "recuperar las cantidades cobradas, en su caso, fraudulentamente", y que "discurre de forma paralela al procedimiento judicial y se llevará a cabo durante aproximadamente los próximos tres meses".

   Por su parte, el sindicato UGT de Extremadura ha reclamado a través de una carta que se le entregue tanto el informe final de la auditoría que ha sido la "base" para este caso, así como el informe realizado por la Fundación Tripartita para el Empleo respecto a dicho plan formativo, según ha anunciado el secretario general, Francisco Capilla, en rueda de prensa.

   También, el sindicato CCOO de Extremadura ha anunciado, a través de nota de prensa, que aportará "por propia iniciativa" a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid toda la documentación de los cursos de formación de la convocatoria de 2011 "para facilitar su labor investigadora y que se demuestren lo antes posible las falsedades de las acusaciones del Gobierno extremeño".

   Unas reacciones que se producen después de que la semana pasada, el Gobierno de Extremadura trasladara a la Fiscalía Anticorrupción las facturaciones de cursos de formación de ocupados realizados por la patronal extremeña Creex, los sindicatos CCOO-Extremadura y UGT-Extremadura, y la confederación Cepes-Extremadura de economía social.

   Considera el Gobierno regional que dichas facturaciones, correspondientes a la convocatoria de cursos de 2011, "pudieran constituir presuntos delitos contra la Hacienda Pública por falseamiento de las condiciones requeridas para cobrar las subvenciones públicas aparejadas a la realización de los cursos", señala.

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