BADAJOZ 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP en la Asamblea de Extremadura Cristina Herrera calificó hoy de "fracaso" la gestión de la Junta de Extremadura respecto a las ayudas y derechos que se contemplan en la Ley de Dependencia aprobada en 2006.
En rueda de prensa en Badajoz, la diputada popular manifestó que se "constata el fracaso regional" en la gestión de la Ley de Dependencia, puesto que desde la Junta de Extremadura "sólo se ofrece una ayuda parcheada que no cubre las necesidades totales de los afectados", lo que a su juicio supone "una privación de los derechos garantizados en la norma".
La parlamentaria del PP afirmó que hasta la fecha la región "tan sólo ha sido pionera" en la puesta en marcha de los Planes de Atención Individualizada, en los que se realiza la baremación de cada caso de forma personalizada, "sin que haya constancia real" del número de personas valoradas ni de las ayudas que reciben desde instancias públicas.
Herrera añadió que el Plan Concilia se "ha paralizado", que los consistorios reciben poca ayuda y que no se han creado más plazas en las residencias públicas, ni más centros de día, ni se ha creado el prometido Organismo Autónomo para "gestionar la Ley", medidas con las que se descargaría de tareas diarias a los cuidadores, que "deben recibir la ayuda económica como último recurso subsidiario".
Cristina Herrera declaró al respecto que la ayuda económica no es efectiva si no se complementa con "el apoyo" de las entidades públicas para desarrollar el cuidado diario de los dependientes.
Herrera señaló que esta norma se concibió para "suplir" las carencias de las personas que tiene pérdida de su autonomía por la edad, la discapacidad o la enfermedad, así como reconocer derechos a sus cuidadores, un reconocimiento del que "se ven privados" los extremeños afectados "por la incompetencia" de la Junta de Extremadura para poner en marcha las ayudas contempladas en la Ley.
La diputada popular añadió que esta ley afecta en la región a cerca de 44.000 personas, de los que 6.700 entran dentro del grupo de gran discapacidad, cerca de 20.000 en el de discapacidad severa y el resto en el grupo de discapacidad moderada, y que según los plazos previsto las atenciones y valoraciones para el colectivo de gran discapacidad deberían haber empezado en 2007 y para los severos en el presente año.
MEDIA NACIONAL.
Dentro de estas críticas Herrera manifestó que la región está, además, por debajo de la media nacional en cuanto al precio público que se paga por hora a los trabajadores de ayuda a domicilio, que en Extremadura se ha establecido en 6,18 euros y la media de España alcanza los 12,12 euros, una situación que calificó de "vergonzosa", puesto que se están "perdiendo yacimientos de empleo" previsto en la Ley.
Así mismo, recordó que el informe elaborado en 2006 por el Ministerio de Asuntos Sociales, puso de manifiesto que la región era la que menos invertía en gasto social, dado que la media nacional se situaba en 383,34 euros y en la región llegaba a los 343,75 euros.
RÉPLICA DEL PSOE.
Por otra parte, el portavoz regional del PSOE, Francisco Fuentes, salió al paso de las declaraciones de Herrera al lamentar que el PP, pese a que "inicialmente no estuvo de acuerdo" con la Ley de Dependencia y que la aceptó después "a regañadientes", ahora en la aplicación de la misma "quiera dar a entender que no se aplica" dicha normativa.
En rueda de prensa en Mérida, Fuentes rechazó las críticas populares por uan supuesta deficiente gestión. "No es verdad porque el Ministerio pone a la Junta de Extremadura como pionera en la aplicación de la Ley de Dependencia", dijo.
Recalcó que en la actualidad "ya hay muchas" familias extremeñas con dependientes en grado máximo que están recibiendo las ayudas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales contempladas dentro de la Ley de Dependencia.
Defendió así que dicho carácter "pionero" de la comunidad en esta materia se debe a la "buena" red de ayuda a domicilio creada por el Gobierno autonómico con anterioridad, lo que ha conllevado --dijo-- el "éxito" de la Comunidad en la aplicación posterior de la Ley de Dependencia.