Archivo - Agente de la Policía Nacional frente a un ordenador. - POLICÍA NACIONAL - Archivo
BADAJOZ, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Agentes de Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Badajoz investigan varios delitos de estafa y blanqueo de capitales en el marco de la denominada 'Operación Stakeface', tras la denuncia presentada por un hombre de 75 años que habría sufrido un perjuicio económico cercano a los 410.000 euros.
La investigación se inició con la denuncia que interpuso la víctima en dependencias de la Jefatura de Extremadura donde relataba que había sido engañada tras acceder a través de internet a anuncios relacionados con inversiones en empresas extranjeras y criptomonedas.
De acuerdo con su relato, el perjudicado comenzó a mantener contacto telefónico con personas que se presentaban como sus gestores personales de dos supuestas empresas de inversión denominadas JHI y TRUIST, consiguiendo convencerle de que se encontraba ante compañías legítimas y ante una operativa que aparentaba ser real, realizando diferentes transferencias que, en conjunto, alcanzaron los 350.000 euros.
Las primeras gestiones permitieron comprobar que los números de teléfono facilitados por la víctima figuraban asociados a identidades ficticias y que las sociedades utilizadas para captar sus inversiones no aparecían como entidades autorizadas para desarrollar actividades de gestión de inversiones además de utilizar criptomonedas que dificultaba el rastreo del dinero, indica la Policía en nota de prensa.
Gracias al engaño los supuestos autores conseguían acceder, mediante acceso remoto, al ordenador de la víctima ofreciendo ayuda para abrir cuentas en diferentes plataformas de intercambio de criptomonedas (exchanges).
Los investigadores del Grupo II (Delitos Tecnológicos) de Policía Judicial de Badajoz recurrieron a herramientas de software forense especializadas en el análisis de operaciones con criptomonedas, que permiten rastrear, visualizar y establecer vínculos entre diferentes transacciones y las entidades financieras utilizadas en el entramado.
Una vez la víctima descubrió que las inversiones realizadas no eran recuperables, contactaban nuevamente con él, haciéndose pasar por representantes de dos supuestos bufetes de abogados que se ofrecían para recuperar las cantidades previamente estafadas, llegando a abonar aproximadamente 60.000 euros adicionales por estos servicios.
Las investigaciones apuntan a que estos supuestos despachos formarían parte del mismo entramado, aprovechando que los responsables mantenían el control remoto del ordenador de la víctima para inducir determinadas búsquedas en Internet y reforzar la apariencia de legitimidad de las entidades con las que contactaba.
Los agentes analizaron las diferentes cuentas bancarias facilitadas por el denunciante, tanto la española como la extranjera, comprobando que ambas figuraban a nombre de la misma persona, residente en una localidad de la provincia de Barcelona.
Al no conseguir contactar inicialmente con esta persona y ante la posibilidad de que pudiera tratarse también de una víctima del entramado, los investigadores realizaron gestiones con Mossos d'Esquadra, quienes confirmaron que dicha persona había presentado una denuncia por hechos de características similares en fechas cercanas.
Tras realizar diferentes gestiones con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y con Registros Mercantiles de distintos países europeos, fueron identificadas seis personas jurídicas de interés para la investigación. Dos en Reino Unido, dos en Rumanía, una en Italia y la sexta en Hungría.
Estas sociedades han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial como personas jurídicas investigadas por su presunta vinculación con delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Dada la dimensión internacional de los hechos y la existencia de cuentas y sociedades radicadas en diferentes países europeos, los investigadores solicitaron al Juzgado de Instrucción de Guardia de Badajoz la emisión de seis Órdenes Europeas de Investigación (OEI).
La investigación continúa abierta y no se descarta la existencia de otras personas perjudicadas ni la aparición de nuevas sociedades o cuentas vinculadas al entramado.
