IU-Mérida apoya la decisión del gobierno local de retirar temporalmente la licencia a 'Extremeña de Grasas'

Actualizado: miércoles, 3 septiembre 2008 19:06

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Local de IU de Mérida manifestó hoy su apoyo a la decisión del gobierno municipal de retirar temporalmente la licencia de funcionamiento a la empresa 'Extremeña de Grasas' hasta que no se resuelvan las "deficiencias técnicas" que provocan los malos olores que se han venido sufriendo en la capital extremeña.

En nota de prensa, IU consideró "absolutamente obvio" que los "perjuicios" causados por dicha empresa a los ciudadanos de Mérida no tienen otra causa que el "incumplimiento consciente y reiterado" por parte de sus responsables de la legislación reguladora de su actividad.

Así, dicha formación instó también al gobierno local para que en el ejercicio de su potestad sancionadora aplique las multas que contemple la normativa vigente por lo ocurrido. En este sentido, calificó como "absolutamente reprobable" la actitud mostrada por dueños y gerentes de 'Extremeña de Grasas' hacia los vecinos de Mérida.

Por otra parte, si bien reconoció que entiende la "prudencia" con la que las autoridades municipales han acometido el caso, IU recordó que el ordenamiento jurídico vigente contempla figuras que hubieran permitido llevar a cabo esta misma iniciativa desde el mismo inicio del procedimiento administrativo incoado por el Ayuntamiento contra la empresa.

Así, apuntó que la aplicación por parte de la administración municipal del artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común hubiera permitido adelantar la adopción de la iniciativa aplicada ahora por el consistorio a modo de medida provisional.

Para IU, la adopción de dicha medida resulta "la más adecuada", ya que a su juicio permite conciliar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un entorno "salubre" con el mantenimiento de los puestos de trabajo vinculados a la empresa; y por la otra "obliga" a los responsables de la empresa sancionada a cumplir las obligaciones que les reserva la ley en el desarrollo de su actividad.