La Junta no llega a un acuerdo con las empresas de transporte, a las que acusa de "nula voluntad" de acuerdo

   MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Extremadura no ha llegado a un acuerdo con las empresas de transporte en la reunión celebrada este lunes, en las que el Ejecutivo "ha aceptado todas las exigencias de las empresas con un matiz, que siempre tienen que tener cobertura legal", por lo que les ha acusado de "nula voluntad" de acuerdo.

   Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, en rueda de prensa en la tarde de este lunes en Mérida, en la que ha aseverado que el gobierno extremeño va "a seguir con la mano tendida y abiertos al diálogo".

    En su intervención, Mercedes Vaquera ha explicado que el pasado viernes, responsables de la Consejería de Educación se reunieron con las empresas que habían sido denunciadas "con el objetivo de poner fin a esta situación indeseable", en un encuentro en el que las empresas les trasladaron "varias exigencias".

   Entre esas exigencias se encontraban, según ha explicado Vaquera, que la Consejería de Educación desistiera de ejercitar la acusación particular en la denuncia contra ellas, así como la renuncia a presentar recursos contra el auto judicial que niega las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo, que pasaban por obligarlas a prestar este servicio de transporte escolar.

   También reclamaban las empresas la adjudicación directa de las rutas desiertas a aquellas que venían prestando el servicio en el curso pasado, elevando el precio en la categoría B, ha relatado la titular de Educación.

   "La Consejería de Educación ha aceptado todas las exigencias de las empresas con un matiz, que siempre tienen que tener cobertura legal", ha resaltado Mercedes Vaquera, quien ha lamentado que la "obviedad de que todos los compromisos se ajusten a la ley", ha sido "la razón por la que las empresas no suscriben el acuerdo", ha dicho.

    En ese sentido, ha lamentado que estas empresas "están pidiendo que un Gobierno asuma compromisos aún estando fuera de la ley", lo que a juicio de la consejera de Educación "muestra la nula voluntad de querer solucionar definitivamente el problema".

   (Habrá ampliación)